Un grupo pacifista israelí presentó una petición ante la Corte Suprema de justicia del país para exigir la derogación de una nueva ley controversial que prohibe los boicots contra las construcciones de asentamientos israelíes en Cisjordania.

En tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos y el mismo procurador general del país se unieron al coro creciente de voces que exigen la derogación de la iniciativa de ley.

El grupo defensor de la paz Gush Salom, que afirma que comenzó a solicitar un boicot contra los productos de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Gaza en la década de 199, al asegurar que esta nueva ley viola algunos principios democráticos básicos.

"La mayoría parlamentaria busca, a través de esta Ley contra el Boicot así como con otros fragmentos de leyes, silenciar las críticas contra la política gubernamental en general y contra las políticas del gobierno en los territorios ocupados en particular", agrega el comunicado.

Ahora el estado cuenta con 60 días para responder a esta petición, tiempo en el cual la corte decidirá cómo proceder.

la ley, que fue aprobada el lunes en una votación en la que ni el primer ministro Benjamín Netanyahu ni otros funcionarios principales de su gobierno estuvieron presentes, autoriza a los colonos y a sus negocios ubicados cerca de sus asentamientos a demandar a los israelíes que promuevan boicots. Las cortes decidirán si estos boicots causaron algún daño financiero a los colonos y en caso de ser así, calcular el pago de indemnizaciones.

Esta ley le ha generado a Israel fuertes críticas tanto al interior del país como al exterior.

El procurador general Yehuda Weinstein defenderá la ley en la corte pero aseguró en un comunicado que se encuentra al borde de la inconstitucionalidad. El consejero legal del Parlamento también ha expresado sus serias dudas en torno a la viabilidad de la ley.

Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron por su parte comunicados donde calificaron a la ley como violatoria de la libertad de expresión. Además Maariv citó al embajador británico en Israel, Matthew Gould, quien asevero que Gran Bretaña estaba preocupada por la ley por que daña el derecho legítimo a la libertad de expresión.