El Congreso uruguayo aprobó hoy por unanimidad un proyecto de ley, que ahora deberá se ratificado por el Ejecutivo, para que el Estado pueda asociarse con empresas privadas en el desarrollo de sectores claves de la economía, como energía o infraestructuras.

La votación de esta Ley de Participación Público Privada impulsada por el Gobierno del presidente José Mujica, estuvo rodeada de polémica después de que los representantes del Partido Comunista (PC), miembros del oficialista Frente Amplio, se negaran a votar a favor pese a la orden emitida por la coalición.

Al final, el representante comunista en la Cámara baja del Parlamento, Hugo Dávila, se ausentó de la sala y fue sustituido por una diputada frenteamplista que sí votó afirmativamente el proyecto, que en cualquier caso hubiera sido aprobado gracias a los votos de la oposición.

La negativa de los comunistas a aprobar esta medida se debe a que, a su juicio, la norma no garantiza que las empresas públicas no puedan ser enajenadas por privados.

Esa posibilidad fue negada en todo momento por los ponentes de la norma del Frente Amplio, que no dejaron de insistir en que la medida solo busca impulsar mejoras en la infraestructura del país y que no servirá "para enajenar patrimonio público ni para comprometer políticas monopólicas de las empresas públicas".

El texto de la norma ya fue aprobado el pasado día 6 por el Senado, en una sesión marcada por la decisión del senador comunista Eduardo Lorier de abandonar el recinto parlamentario en rechazo a la propuesta, lo que desató una fuerte polémica en el seno del oficialismo.

De hecho, diversos analistas políticos consideraron que la decisión del presidente Mujica de destituir ayer mismo a la ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, la única miembro del PC en el Ejecutivo, fue un golpe en la mesa para llamar al orden a los comunistas.

La nueva normativa reserva al Estado los considerados servicios esenciales, cuya prestación "le corresponde en forma exclusiva" y establece un tope a los recursos que cada Gobierno podrá comprometer durante el período de pago de las obras que realice con las firmas privadas.

El límite se fijó en el 7 % del producto interno bruto (PIB) durante los cinco años de Gobierno.

La idea es que dentro de un año se concreten las primeras adjudicaciones a empresas particulares para realizar obras de infraestructura en sociedad con el Estado.