Un coronel retirado del ejército fue condenado a 21 años de cárcel por el asesinato más de tres años atrás de dos hombres a los que falsamente los militares reportaron como guerrilleros muertos en combate, se informó el miércoles oficialmente.

La sentencia condenatoria de un juzgado penal de la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, 535 kilómetros al noroeste de Bogotá, recayó en el coronel Luis Fernando Borja, ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, explicó la Fiscalía General en un comunicado publicado en su página de internet.

Precisó que en principio la condena contra Borja era de 40 años y ocho meses, pero que luego de que aceptara los cargos le fue rebajada a la mitad, es decir, 21 años y cuatro meses de prisión.

Borja reconoció ser responsable de la desaparición y muerte de los jóvenes Fabio Laberto Sandoval y Eleonais Manuel González.

Los hechos sucedieron el 1 de noviembre de 2007 "cuando tropas del citado destacamento militar reportaron la baja de dos presuntos subversivos en el corregimiento El Pantano, municipio de Galeras (en Sucre y a unos 515 kilómetros de Bogotá), en un supuesto enfrentamiento que permitió la incautación de un fusil AK-47 y una pistola calibre 9 milímetros", explicó la Fiscalía.

Agregó, sin embargo, que "los familiares de las víctimas declararon a la Fiscalía que los jóvenes fueron contactados en la ciudad de Sincelejo para labores agrícolas en la zona".

Borja "confesó que se trató de homicidios premeditados y relacionó nombres de oficiales, suboficiales y soldados que intervinieron tanto en ese como en otros hechos perpetrados por la misma unidad castrense, cuya posible responsabilidad en no menos de 50 homicidios es investigada".

Desde fines de 2008, cuando se descubrió que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha recibido denuncias de que 2.701 personas habrían sido víctimas de esta práctica.

De esas 2.701 supuestas víctimas, 128 eran mujeres y 135 menores de edad, de acuerdo con datos de la Fiscalía.

Según estadísticas de ese organismo investigador, hasta abril 344 militares habían sido condenados por casos de ejecuciones. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados de Colombia.

En octubre de 2008, el entonces mandatario Alvaro Uribe (2002-2010) y el actual presidente Juan Manuel Santos, quien para el momento del escándalo de las ejecuciones era el ministro de Defensa, destituyeron a 27 militares, entre ellos a tres generales, que por acción u omisión habrían tenido alguna responsabilidad en esas ejecuciones.