La empresa minera canadiense Bear Creek anunció hoy que presentó un amparo constitucional contra el Gobierno peruano por la decisión de las autoridades de Lima de cancelar sus concesiones en el depósito mineral de Santa Ana.

La empresa canadiense afirmó que ha cumplido con todos los requisitos legales y los procesos de evaluación del impacto medioambiental y social por lo que no hay razones que justifiquen la decisión de Lima de modificar el decreto presidencial de 2007 que les otorgaba la concesión.

"A pesar de las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno peruano que han forzado a Bear Creek a tomar acciones legales para defender sus derechos, la compañía cree que todavía es posible una solución política", afirmó el consejero delegado de Bear Creek, Andrew Swarthout, en un comunicado.

El Gobierno peruano canceló la concesión de Bear Creek después de violentas protestas en la región de Puno por parte de indígenas aimaras.

Swarthout añadió que el proyecto de Santa Ana es el tipo que el país necesita "para lograr el objetivo de reducir aún más la pobreza en Perú. Por lo tanto, vemos una oportunidad con el Gobierno entrante al expresar nuestro compromiso de ser parte de la solución a los problemas de pobreza de Perú".

El próximo 28 de julio tomará posesión de la presidencia peruana Ollanta Humala, quien relevará a Alan García.

Según Bear Creek, el proyecto de Santa Ana crearía 1.000 empleos directos, 1.500 indirectos y unos 330 millones de dólares estadounidenses en regalías e impuestos.