Alrededor del 90 por ciento de las 32.207 leyes de Argentina están caducas, según un compendio cuya redacción final quedó en manos de una comisión de juristas designada hoy por el Gobierno con vistas a modernizar el sistema legal del país.

La comisión tiene a cargo "la elaboración definitiva" del compendio del "universo de normas nacionales generales vigentes" que se propondrá al Parlamento en un proyecto que eliminará las miles de normativas caducas, dice un decreto presidencial publicado hoy en el Boletín Oficial.

La necesidad de anular leyes vetustas o carentes de sentido práctico para actualizar el "Corpus Jurídico" argentino fue incluida en la reforma constitucional de 1994, cuando el país era gobernado por Carlos Menem (1989-1999) y, a falta de avances, la iniciativa fue reactivada por el actual Gobierno de Cristina Fernández.

En los últimos años, 200 expertos trabajaron en la versión preliminar del "Digesto Jurídico Argentino" sobre todas las leyes dictadas en los últimos 158 años, a las que ordena en 26 materias del derecho y elimina las normativas caducas.

En esa labor se determinó que tienen vigencia solamente 3.134 leyes del total de 32.207 promulgadas entre 1853 y julio pasado, ya que el resto son normas de alcance particular, han sido derogadas tácitamente o caducaron al tener su objeto cumplido o vencido el plazo de ejecución, informó el Ministerio de Justicia.

La puesta en marcha de la redacción definitiva de este compendio fue anunciada en la noche del martes por la jefa del Estado, quien indicó que se "facilitará la labor" de los jueces, entre otros beneficios, una vez que sea aprobada por el Parlamento.

Fernández destacó que "todavía estaba vigente" el decreto del régimen militar que en junio de 1956 amparó el fusilamiento de militantes peronistas que intentaban restaurar el Gobierno del general Juan Perón, depuesto por el golpe de estado de septiembre de 1955.

También seguía en vigor una norma de 1894 que castigaba a aquellos funcionarios que azotaran a la gente, indicó la mandataria.

"Con más de 32.000 leyes era casi imposible conocer toda la legislación y ningún ciudadano podía conocer todos sus derechos", subrayó.

Durante la elaboración definitiva del "Digesto Jurídico" todas las normas legislativas o reglamentarias que se dicten "deberán ser comunicadas de inmediato" a la comisión de juristas, dispuso el Ministerio de Justicia.

Las leyes y decretos que se dicten con posterioridad a la aprobación parlamentaria del "Digesto Jurídico" deberán "encuadrarse en la correspondiente categoría" de derecho ordenado en ese compendio, establece el proyecto gubernamental.

Además de eliminar decenas de miles de normativas caducas, la iniciativa apunta a "poder contar con un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación".