El desarrollo de la zona costera sigue siendo regido por una ley española de 1886 que, según algunos sectores, ha permitido la construcción de obras en playas de un delicado equilibrio ecológico.

Modificar los términos ambiguos de esa ley para incorporar protecciones al medio ambiente, sin embargo, no ha sido fácil. Un proyecto que aborda ese tema está estancado en la legislatura desde el 2009 y aumentan las quejas en torno al limitado acceso a las playas públicas y a la construcción de obras que comprometen el medio ambiente.

"Estamos en el siglo XXI y es hora de que dejemos de jugar con la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos y con los recursos de generaciones futuras", declaró Ricardo de Soto, quien dirige una sucursal local de la organización ambientalista Waterkeeper Alliance. "Tenemos que sancionar una ley costera inteligente".

La ley fue sancionada hace 125 años por España en una época en la que los asentamientos costeros eran de gran importancia y nadie se preocupaba por el excesivo desarrollo de los 1.130 kilómetros (700 millas) de costas ni por la posibilidad de que se agoten los recursos naturales.

"Dado que se trata de una ley tan vieja, es muy vaga y carece de contenido técnico y relativo al medio ambiente", expresó Miguel Sarriera, un abogado que ha representado a organizaciones ambientalistas que promueven una nueva legislación.

La ausencia de regulaciones específicas da amplia discreción a los organismos estatales de planificación, algunos de los cuales abusan de sus poderes al conceder permisos, según legisladores que apoyan una reforma a la ley de zonas costeras. Normas más específicas evitarían esos problemas, de acuerdo con el representante Carlos Méndez, quien presentó el proyecto.

"Estamos manteniendo una ley del 1800 que no se ajusta a la realidad de Puerto Rico", manifestó. "Esta costa no es la misma del 1800".

Méndez afirmó que la ley permite la construcción de casas en playas públicas y se ha bloqueado el acceso a algunas playas en sectores turísticos populares como Río Grande, al norte, y Guanica, en el sudoeste. Complejos residenciales caros bloquearon a su vez el acceso a la playa en la última década en Isla Verde y en Ocean Park, en la capital San Juan, expresó Sarriera.

Uno de los proyectos más polémicos es el de Paseo Caribe, un lujoso hotel-condominio cerca de San Gerónimo, un fuerte histórico sobre el mar en San Juan.

Los opositores a la iniciativa han realizado prolongadas protestas, aduciendo que el complejo se erigió en terrenos públicos en cuya venta hubo irregularidades y que bloquea el acceso al fuerte, que es un monumento nacional.

Decenas de manifestantes acamparon frente a las obras, en algunos casos por más de un año. Una investigación legislativa hizo que el secretario de justicia declarase que se trataba de tierras públicas, por lo que el gobierno no concedió los permisos correspondientes.

Los promotores del proyecto respondieron con una demanda multimillonaria contra el antiguo gobierno de la isla y finalmente obtuvieron el permiso.

El 17 de junio, un circuito de apelaciones de Boston dictaminó que el antiguo gobierno no había realizado las audiencias pertinentes antes de suspender el permiso, pero al mismo tiempo dispuso que no debía pagarse una compensación.

Molestos por las lagunas jurídicas, los activistas, armados con mazos y perforadoras, destruyeron muros y derribaron cercos en años recientes, en un esfuerzo por obligar a los constructores a cumplir con órdenes judiciales de dar acceso a las playas. Esas órdenes han sido ignoradas.

El gobierno no parece tener apuro alguno por hacer cumplir esas órdenes o por promover una reforma a las leyes, según Sarriera.

Expresó que eso se debe a que, dado que la ley actual "no tiene demasiado contexto, la opinión del secretario (de recursos naturales) es la que rige, y al gobierno le agrada eso".

El secretario de recursos naturales Daniel Galán dijo que su departamento analiza cuidadosamente todos los proyectos de desarrollo, pero admitió que, a la luz de lo ambiguas que son ciertas definiciones de la ley de 1886, algunos proyectos que no debieron ser aprobados lo fueron, y viceversa.

"Lamentablemente, ha habido inconsistencias en ambos sentidos", declaró.

En la actualidad, las propuestas de proyectos son acompañadas por opiniones de expertos acerca de qué constituye una zona costera y qué zonas deben ser designadas privadas.

Galán dijo que su departamento ha tratado de reemplazar esas opiniones con datos concretos y acaba de completar un proyecto de un millón de dólares para delinear la zona costera usando tecnología moderna.

En agosto, la secretaría dijo que espera proponer proyectos que incorporen esa información y que ayudarán a impedir decisiones discrecionales.

"No pueden basarse en opiniones personales", dijo Galán. "Es algo muy, muy preciso".

Galán indicó que el proyecto no abordará en principio el acceso a las playas, porque es un tema más complejo. Pero aseguró que más adelante se enfocarán en ese asunto.

El proyecto de Méndez pide un mayor acceso público a las playas, un concepto que Sarriera apoya por más que crea que no se trata de una iniciativa ideal.

"No la pondría en mi lista para Santa Claus", expresó, "pero es mejor que lo que tenemos ahora, sin duda".