Tres personas murieron baleadas y una docena resultó con heridas en hechos de violencia ocurridos en el marco del paro de 24 horas que concluyó el martes en República Dominicana para protestar contra un paquete fiscal y exigir reivindicaciones sociales.

"Los conatos (de violencia) que se escenificaron fueron marginales", estimó Jesús Adón, uno de los voceros del Foro Social Alternativo (FSA), el conglomerado de grupos civiles y sindicatos que convocó el paro.

Explicó que los hechos de violencia, en los que jóvenes encapuchados lanzaron piedras contra agentes policiales en diferentes barrios marginales y zonas rurales, "fueron una provocación de la policía, que desplegó 40.000 efectivos durante la protesta.

La policía reportó el martes que un hombre de 33 años murió de un balazo en la cara la tarde del lunes en un barrio popular de la provincia Santo Domingo cuando grababa en video en enfrentamiento a pedradas entre un grupo de manifestantes y agentes de la policía.

Los elementos policiales "irrumpieron de manera violenta frente a un pequeño conato de movilización que estaban haciendo unos jóvenes y uno de esos tiros se le pegó a un mucho que no participaba" en la protesta, detalló Adón.

Las otras dos personas murieron en barrios de Santiago, la segunda ciudad más importante del país a 150 kilómetros al norte de la capital, confirmó la policía.

El jefe de la institución en esa zona, Ramón de la Cruz Martínez, indicó que personas no identificadas dispararon la noche del lunes contra un hombre encapuchado de 24 años que exigía dinero a los conductores para dejarlos transitar por las calles bloqueadas por los manifestantes.

La tercera víctima, un hombre de 22 años, murió durante un enfrentamiento con policías, según el reporte de la institución.

En diversos barrios populares, los manifestantes bloquearon las calles con basura, neumáticos y chatarra en llamas a fin de impedir el tránsito vehicular.

Debido al paro, que concluyó a las 6.00 horas del martes, las empresas privadas de transporte colectivo y de carga no trabajaron, afectando el traslado de mercancías y a miles de personas que no pudieron llegar a sus trabajos, además de que el comercio sólo estuvo activo en los barrios residenciales.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Manuel Díez, explicó que aún no cuenta con un balance sobre las pérdidas ocasionadas por el paro.

La protestas, a la que se también se unieron médicos y profesores, exigían al gobierno eliminar el paquete fiscal aprobado en junio para cumplir los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con base en un acuerdo "stand-by" suscrito en 2009.

El paquete incluye impuestos a los activos financieros de la banca, a la industria de las apuestas, que cuenta con amplias redes en todo el país, así como nuevos tributos a la vivienda.

El Banco Central informó el martes que entregó al FMI una nueva carta de intención, que incluye el paquete fiscal, a fin de que sea discutida por el directorio de ese organismo el viernes.

El gobierno espera con la aprobación de la carta de entendimiento el desembolso de créditos por 350,34 millones de dólares del FMI y que sirva como respaldo para un préstamo de 270 millones de dólares del Banco Mundial y para emitir 500 millones de dólares en bonos soberanos, precisó la institución.

Además de rechazar el paquete fiscal, la protesta exigía aumento salarial del 35%, invertir 4% del PIB en educación y medidas para controlar la inflación, que llegaba a 4,78% en mayo y contener los precios de los combustibles, que se han incrementado más del 31% en lo que va del año.

Temístocles Montás, ministro de Economía y único miembro del gabinete que se ha referido al paro, insistió que el gobierno está consciente de las dificultades económicas, pero explicó que son el resultado "de un choque externo" provocado por las alzas de las tarifas internacionales del petróleo y los alimentos.

Fidel Santana, del Foro Social Alternativo, anunció en conferencia de prensa que esa organización realizará cinco marchas este mes y dio un plazo al gobierno, hasta el 14 de agosto, para responder a sus demandas.