El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, afirmó hoy que la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos obligará a la central nuclear de Indian Point, a 40 kilómetros de la Gran Manzana, a aumentar sus medidas de seguridad contra incendios.

"Si Indian Point es vulnerable, también lo son las decenas de millones de personas que viven y trabajan en las comunidades que la rodean", afirmó Schneiderman en un comunicado, en el que celebró que la NRC haya tomado cartas en el asunto.

El fiscal general de Nueva York dijo que seguirán tomando "las medidas que sean necesarias" para garantizar que la central nuclear en el condado de Westchester cumpla con los requisitos mínimos de seguridad e instó a las autoridades federales a hacer lo mismo.

La oficina del fiscal acusa a la central de violar las leyes federales por no disponer de detectores de humo ni sistemas de extinción de incendios en varios lugares, y por no haber fortalecido los cables eléctricos para que sean más resistentes a las llamas.

Además, critica a los responsables de la central nuclear por no contar con un sistema de respuesta automática durante y después de una emergencia, ya que para que las alarmas salten en la actualidad depende del factor humano.

El fiscal general de Nueva York aseguró en marzo pasado que la central viola las normas de seguridad contra incendios, busca exenciones a un centenar de reglamentos y "socava" los esfuerzos para mantener la seguridad de los reactores.

Schneiderman volvió a poner encima de la mesa la seguridad en Indian Point después de la crisis nuclear desatada en Japón tras el terremoto del pasado 11 de marzo, e instó al Gobierno federal a reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones en EE.UU.

El primer reactor de la planta -situada a unos 40 kilómetros del barrio neoyorquino de El Bronx- fue construido en 1956 y se le revocó la licencia en 1980.

Además, la compañía que opera la central, Entergy Corporation, ha solicitado a las autoridades federales que amplíen las licencias de los otros dos reactores por otros 20 años más a partir de 2013 y 2015, cuando caducan las actuales autorizaciones.