El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy una resolución que amplía la protección de los niños en los conflictos armados, al reconocer que escuelas y hospitales son lugares seguros y que quienes los ataquen tendrán que asumir su responsabilidad ante la justicia.

"Las promesas de esta resolución son reales. En mis visitas a zonas de conflicto he visto la devastación en escuelas totalmente destruidas, bombardeadas o quemadas", dijo la representante especial de la ONU para los Niños y los Conflictos Armados, Radhika Coomaraswamy.

Subrayó que ese tipo de ataques a escuelas y hospitales "son una doble atrocidad porque no sólo matan a los niños y niñas, sino que también les deja sin acceso a tratamiento" médico.

Los quince miembros del máximo órgano de seguridad internacional piden a los países que "adopten medidas decisivas e inmediatas contra quienes persistan en cometer violaciones y abusos contra los niños en situación de conflicto armado".

Para el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, esta resolución "es un paso adelante porque subraya que escuelas y hospitales deben ser zonas de paz respetadas por todas las partes en conflicto".

Ban agregó que con ella se amplia la lista de criterios que cada año utiliza al elaborar su informe anual sobre el tratamiento a la infancia en los conflictos armados.

El Consejo de Seguridad, que en julio preside Alemania, se mostró también dispuesto a imponer sanciones contra los grupos armados que violan los derechos de la infancia en los conflictos.

Desde hace cinco años en la lista de la ONU sobre grupos que reclutan o utilizan a niños en los conflictos armados o han cometido violencia sexual contra ellos aparecen 16 organizaciones armadas, como los colombianos Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Igualmente, incluye a otros grupos armados como el de Abu Sayaf, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y los grupos que lo integran, como el Congreso Nacional Para la Defensa del Pueblo (CNDP), las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) o el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA), entre otros.

Por su parte, el director ejecutivo del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Anthony Lake, dio la bienvenida a la resolución y señaló que con ella el Consejo "ha realizado un gran avance hacia el fin de la cultura de la impunidad y para proteger a los niños".

Según datos de Unicef, en al menos 31 países de África, Asia, Europa, América Latina y Oriente Medio "las escuelas han sido objetivo de ataques violentos o amenazas de las fuerzas de seguridad del estado y de grupos armados no estatales".

Ello repercute negativamente en las vidas de los niños y sus comunidades, así como en la educación y en los sistemas de sanidad, además de que aumenta la brecha de las desigualdades, señaló el organismo.

Lake recordó que la lista de grupos que violan los derechos de la infancia ha aumentado en el último año, y aunque algunas de esas organizaciones se comprometieron a llevar a cabo planes para no hacerlo, ninguna ha salido del ránking.

Por su parte, la canciller de Colombia, María Angela Holguín Cuéllar, pidió en ese debate del Consejo reforzar la cooperación entre Naciones Unidas y los estados para afrontar el problema.

Holguín se refirió a que la ONU "tiene que ir más allá de las denuncias y debe, con su experiencia, colaborarle a los Estados en la búsqueda de soluciones", al tiempo que pidió la inclusión de planes de prevención para propiciar que los niños tengan mejor futuro.

"Permítame decir algo de manera cruda y realista. Es completamente ingenuo pensar que Naciones Unidas o cualquier otra organización multilateral podrá cambiar la mentalidad de grupos terroristas que por décadas han sembrado miedo en la población", dijo la canciller colombiana.

Agregó, según su discurso, que para Colombia "la reiterada intención de las agencias del sistema de pretender directamente hablar con estos grupos sin el consentimiento del Gobierno es inadmisible e inaceptable".