Las comunidades indígenas del suroeste de Colombia rechazaron hoy los anuncios del presidente del país, Juan Manuel Santos, de establecer un batallón de alta montaña y de destruir las casas tomadas por la guerrilla de las FARC para sus ataques en territorios de esa conflictiva región.

"Nosotros rechazamos contundentemente estas decisiones", dijo a Efe el portavoz de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Feliciano Valencia, en declaraciones por teléfono desde su sede en la localidad de Santander de Quilichao.

Al término de un consejo de seguridad en Popayán, la capital del departamento del Cauca, Santos anunció el establecimiento de un batallón de alta montaña en Tacueyó y la destrucción de las casas de Toribío utilizadas por los rebeldes para atacar la zona urbana de esta misma localidad.

Por su parte, el ministro colombiano de Defensa, Rodrigo Rivera, aclaró hoy que las supuestas casas de civiles no serán demolidas sin una orden judicial, y aseguró que las Fuerzas Militares entregarán a la Fiscalía vídeos que prueban que los guerrilleros utilizaron algunas viviendas como trincheras.

Las dos poblaciones conforman el conjunto de seis localizaciones del Cauca afectadas este fin de semana por una ofensiva rebelde que dejó al menos seis muertos y más de sesenta heridos, según cifras oficiales.

La campaña fue lanzada por insurgentes del frente sexto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Toribío, Corinto, Jambaló, Caldono, Mondomo y Siberia, localidades que hacen parte de un territorio mayor ancestral del pueblo Nasa o Paez.

Además de dos coches-bomba y un caballo-bomba, los rebeldes utilizaron artefactos improvisados, como "tatucos" (granadas artesanales) y bombonas de gas doméstico cargadas con explosivos.

El portavoz de la Acin dijo que de tres de los muertos en los ataques eran indígenas y que el número de aborígenes heridos en los mismos hechos es de unos ochenta.

Además, 300 casas de la zona urbana de Toribío y otras 50 en Corinto fueron dañadas por los atacantes, que también dejaron sin electricidad a la primera localidad y, en general, y afectaron otras oficinas públicas o locales de la minoría e, incluso, las ambulancias que evacuaban a heridos.

"Estos ataques nos causaron mucha preocupación, toda vez que la mayoría de afectados es de la población civil", dijo Valencia, para quien, por las consecuencias, la ofensiva estuvo dirigida contra los civiles y no contra el Estado y sus fuerzas militares.

El líder indígena afirmó que los aborígenes no les permiten a los guerrilleros que usen sus bienes para estas acciones, como lo han señalado algunos sectores.

Asimismo, les reiteró a los actores armados legales e ilegales que respeten el territorio, el gobierno, la organización y el proceso de vida de los aborígenes, todo basado en un proyecto que fue premiado hace algunos años por la ONU.

"Que no nos metan en su guerra", pidió Valencia, quien se declaró de nuevo partidario de una salida negociada a "esta absurda guerra", que extermina a la minoría étnica.

El portavoz de los paeces aseguró a Efe que con las acciones del fin de semana las FARC acumulan unas 40 tomas y más de mil hostigamientos a las poblaciones del territorio aborigen.