El coordinador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Eduardo Stein, quien indagó sobre los hechos registrados antes, durante y después del golpe de Estado de 2009 en Honduras, informó hoy que en el informe presentado el pasado jueves no recomendó una Constituyente.

Lo que sí se recomendó, dijo Stein al Canal 10 de televisión, es una reforma a la Constitución para crear una corte o una instancia constitucional que dirima los conflictos entre poderes.

También se puede crear un consejo nacional de la magistratura para nombrar con toda independencia y lejos de injerencias de todo tipo, a jueces, magistrados y fiscales, añadió.

"Como Comisión no hemos propuesto un camino especial, en lo que insistimos es en la necesidad de atender esas reformas en profundidad, pero tiene que ser la población hondureña la que decida el camino", subrayó Stein, exvicepresidente de Guatemala.

En opinión de Stein, las recomendaciones que ha hecho la CVR en su informe sobre la crisis política hondureña derivada del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, se pueden hacer "por el Congreso ordinario".

"No necesita una Constituyente para que haya ese tipo de institucionalidad, por eso es que la Comisión no defiende o promueve un determinado camino para conseguir esa reforma, pero sí insistimos en que la Constitución hondureña necesita reformas", agregó.

La CVR recomienda en su informe limitar las competencias de las Fuerzas Armadas, investigar las violaciones de los derechos humanos y establecer en la Constitución de Honduras la figura del juicio político para evitar golpes de Estado como el de 2009.

"Se debe revisar en la Constitución de la República la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas", subraya el informe sobre el derrocamiento de Zelaya.

El organismo presidido por Stein, que inició su andadura a inicios de mayo de 2010, también señala en sus recomendaciones que "es necesario que la Constitución política establezca la figura del juicio político y fijar escrupulosamente sus procedimientos".

"La Constitución hondureña actual no tiene un procedimiento suficientemente claro de la responsabilidad institucional para tratar la situación de un alto funcionario del Gobierno, como es el caso del presidente, que atentó contra las normas constitucionales positivas con el fin de buscar un cambio constitucional y la entrada a un nuevo régimen", agrega el informe de la CVR.

El tema de una Constituyente figura en el diálogo político que hoy inicia en Tegucigalpa el presidente hondureño, Porfirio Lobo, aunque él mismo ha reconocido que es continuación del iniciado poco tiempo después de haber asumido el poder, el 27 de enero de 2010.

Entonces, el diálogo se enmarcó en un Plan de Nación que promovía Lobo orientado a buscar soluciones comunes a los problemas de Honduras y la reconciliación entre la sociedad hondureña, que se dividió a raíz del golpe de Estado.

Pero en ese diálogo, "Lobo solamente escuchó", según dijo hoy a periodistas el precandidato presidencial Ángel Edmundo Orellana, quien fue canciller durante unos pocos meses de la Administración de Zelaya.

El diálogo será instalado hoy por Lobo con representantes de los cinco partidos legalmente constituidos y dos en formación, uno de ellos el Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), que abandera Zelaya, y otro independiente, orientado a combatir la corrupción, que lidera el presentador de televisión Salvador Nasralla.