La crisis institucional que vive El Salvador a raíz de un decreto que aprobó la Asamblea Legislativa, que modifica el sistema de votación en la Sala de lo Constitucional y que fue aprobado por el presidente Mauricio Funes, es cada vez más profunda, dijeron hoy a Efe expertos y analistas.

"Hay una especie de enredo político en este país, y no aparece la posibilidad de solución", aseguró a Efe el politólogo Antonio Martínez Uribe.

Por su parte, el analista Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), indicó a Efe que "El Salvador está viviendo cada vez más una profunda crisis institucional a pesar que el presidente de la república no lo quiera ver".

"No comparto la opinión de quienes piensan que estamos frente a una crisis institucional, estamos frente al libre juego de poderes de los diferentes órganos del Estado que una convivencia democrática demanda", declaró Funes a periodistas el pasado 28 de junio.

El decreto que estableció el pasado 2 de junio la unanimidad y no el voto de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional para que sus decisiones sean válidas, fue apoyado por los derechistas Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y sancionado por Funes ese mismo día.

El partido gubernamental, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional(FMLN), no dio sus votos.

Funes dijo el martes que no iba a mediar en el conflicto y que no perdería su tiempo en "confrontaciones estériles"; sin embargo, el jueves en el pleno legislativo se conoció una propuesta impulsada por el Ejecutivo para reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales que, entre otras cosas, propone derogar el decreto causante de la crisis.

También sugiere otorgar poder a los magistrados suplentes, ya que indica que estos deberán resolver de manera definitiva las inaplicabilidades de ley resueltas por la Corte.

Además, establece que para declarar una ley inconstitucional la Corte deberá llamar en un plazo no mayor de 15 días a la Asamblea y al presidente a una audiencia publica para escuchar sus argumentos luego de haberlos recibido por escrito, entre otros.

Martínez dijo que es una propuesta "poco precisa y que no parece ser una salida a la situación porque lo que se observa es que crearía más ataduras a las Sala de lo Constitucional y de la Corte en general".

Por el momento, la propuesta de ley ha sido enviada a la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa para ser estudiada.

El diputado de ARENA Guillermo Ávila Quehl precisó a medios locales que dicha propuesta "es una verdadera intromisión del presidente en otros órganos del Estado".

Otra situación que ha "agudizado" la crisis es la posición de once magistrados de la Corte, que este jueves decidieron declarar ilegales las notificaciones que les envíen los cuatro magistrados de la Sala cuando se traten de demandas de amparo en contra de la misma Corte, indicó a Efe el experto Jaime López.

López, analista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), señaló que la decisión de los once magistrados "es una estrategia de seguir sitiando a la Sala de lo Constitucional" y que es una "estrategia compartida con el Ejecutivo como por la Asamblea Legislativa".

"La culpa de esta situación la tienen el presidente, los diputados y (el resto de) los magistrados (de la corte), porque están "desobedeciendo la ley", consideró López.