La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, está "muy decepcionada" con el resultado del caso que acabó ayer en la ejecución con una inyección letal del reo mexicano Humberto Leal García en Texas, tras la negativa del Tribunal Supremo a detener su muerte.

Así lo indicó hoy la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, poco después de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, asegurara que la ejecución supone una "violación de las leyes internacionales por parte de Estados Unidos".

"El Gobierno de Estados Unidos no está de acuerdo con lo que ha ocurrido en este caso. La rama ejecutiva trató de detener la ejecución, y ahora está trabajando con el Congreso para remediar la situación", aseguró Nuland en su conferencia de prensa diaria.

Leal, de 38 años, era uno de los 51 mexicanos cuya condena a muerte ordenó revisar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2004, porque no habían recibido atención consular, como obliga la Convención de Viena.

La portavoz reconoció que el no poder cumplir ese mandato, pese a los esfuerzos del Gobierno federal, puede perjudicar a los ciudadanos estadounidenses en el exterior.

"Francamente, si no protegemos los derechos de los no estadounidenses que están en Estados Unidos, nos arriesgamos seriamente a tener una falta de acceso recíproca a nuestros propios ciudadanos en el extranjero", admitió.

No obstante, subrayó la portavoz, Washington no recibió ninguna advertencia de otros Gobiernos que pretendan restringir el acceso consular de los estadounidenses detenidos en sus países.

"De hecho, hemos tenido comentarios positivos de embajadas extranjeras sobre lo duro que estamos trabajando para arreglar esta situación", aseguró.

Nuland añadió que el Gobierno mexicano "está agradecido por la posición que tomó la rama ejecutiva estadounidense al tratar de detener la ejecución".

Ese esfuerzo fracasó al naufragar el recurso del Gobierno ante el Supremo, horas antes de la ejecución, y ante la negativa de las autoridades de Texas a suspender las ejecuciones de extranjeros, basada en el argumento de que ninguna corte internacional puede suplantar las leyes de estado de la Unión.

Nuland subrayó que en este caso "no se trataba de interferir con la justicia de Texas", y que las autoridades estatales "saben que el Gobierno federal cree que Leal tenía derecho a recibir asistencia consular".

Ese derecho está contenido en la Convención de Viena, firmada por EE.UU. y otros 170 países.

"El caso de Leal ilustra por qué ahora es absoluta y críticamente importante que el Congreso apruebe la ley sobre notificaciones consulares, para asegurarnos de que cumplimos con nuestras obligaciones consulares", indicó Nuland.

El Acto para el Cumplimiento de la Notificación Consular fue presentado el 24 de junio por el senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado.

La portavoz recordó que 3.500 estadounidenses fueron detenidos en el extranjero en 2010, y los consulados estadounidenses efectuaron más de 9.500 visitas ese año.

"Los estadounidenses detenidos se arriesgan a tener procesos legales injustos, protección inadecuada, representación pobre o condiciones inseguras en la prisión. Y sin la notificación consular, podríamos ignorar durante meses que han sido detenidos", explicó.

Leal, originario de Monterrrey, fue sentenciado a muerte en Texas en febrero de 1998 por el asesinato y violación de la joven Adria Sauceda, de 16 años.