El cuerpo de paramilitares (SPO) que lucha contra la guerrilla maoísta de la India, muy criticado por destacados activistas sociales, ha empezado a entregar sus armas tras una orden del Supremo que lo ilegaliza, según fuentes oficiales

El veredicto del Tribunal, emitido el martes, afecta a unos 4.200 milicianos de la región oriental de Chattisgarh, núcleo del conflicto armado, pero el Gobierno había dicho hasta ahora que estaba a la espera de recibirla para iniciar el desarme.

"Solicitaremos una petición de revisión del caso, pero ya hemos iniciado las medidas de cumplimiento de la orden", dijo hoy por teléfono a Efe desde la capital regional, Raipur, el encargado de prensa del Gobierno de Chattisgarh, N. Bejendra Kumar.

"Lo que pasa es que requisar armas no es como encender y apagar la luz. Nos llevará un tiempo", añadió Kumar.

Los SPO ("oficiales especiales de policía") han sido hasta ahora uno de los pilares tácticos de las fuerzas del Gobierno en los bosques de Chattisgarh, pero renombrados activistas han denunciado con insistencia su carácter alegal y su falta de formación.

El SPO tipo es un joven procedente de alguna de las etnias tribales de Chattisgarh que tiene como único equipamiento un rifle y se dedica a realizar tareas de búsqueda de los maoístas, pero el cuerpo ha protagonizado también brutales acciones contra civiles.

Hasta el momento, la India no ha encontrado solución para detener a la guerrilla, brazo armado de un movimiento que cuenta con presencia en la mitad de las 35 divisiones administrativas del país y activo sobre todo en áreas rurales del centro y el este.

Los maoístas, que han sido calificados por el primer ministro, Manmohan Singh, como la mayor amenaza interna del Estado, son en total unos 20.000 guerrilleros que buscan el apoyo del campesinado para implantar una revolución agraria de corte comunista.

A su favor juegan la situación de exclusión y la incomunicación de la población tribal india, tradicionalmente discriminada y ajena al desarrollo que comienza a cuajar en algunos de los principales polos urbanos del país pero sigue lejos del campo.

En el año 2005, las autoridades indias trataron de contrarrestar a la guerrilla con la creación de un movimiento anti-maoísta, el Salwa Judum o "Marcha por la Paz", también compuesto por lugareños, del que proceden los actuales "oficiales especiales de policía".

De acuerdo con la nueva sentencia, emitida a raíz del recurso presentado por la profesora universitaria Nandini Sundar, ese uso de ciudadanos "mal entrenados y sin cualificación" va contra el mandato "moral y constitucional" del Gobierno de la India.

"Los SPO funcionaban casi como el Ejército privado de alguien. Lo que hicieron fue armar a civiles, enviarles a los pueblos: y claro, entonces quemaban los pueblos, mataban gente, violaban a mujeres", afirmó, tras la orden, en entrevista a Efe, la socióloga Sundar.

Según la profesora, en el sur de Chattisgarh -sobre todo en el distrito de Dantewada, el más afectado- hay hoy unas 12.000 personas confinadas en campamentos, atrapadas todavía entre la acción de los maoístas y la de las fuerzas de seguridad del Estado.

A principios de este año, las autoridades indias cifraron en 1.169 las víctimas mortales registradas en 2010 en los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los insurgentes maoístas, buena parte de ellos en Dantewada.

El Gobierno ha descartado hasta ahora la entrada en liza del Ejército para acabar con el movimiento maoísta, pero, denuncia Sundar, la India está "moviéndose pulgada a pulgada" para dar una vuelta de tuerca armada a este conflicto que sigue sin solución.

"Los maoístas tienen muchos simpatizantes en los pueblos. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo de desarrollo: acabar con las expropiaciones de tierras sin compensación o las compañías mineras que explotan las montañas de manera ilegal", concluyó Sundar.

Pese a que el desarme de los SPO ha concitado aplausos entre los activistas, el entusiasmo ha sido menor en la Policía, y el jefe del cuerpo en Chattisgarh, Vishwa Ranjan, reconoció a Efe que la orden del Supremo "afectará" a sus operaciones de campo.

"Vamos a proteger a los SPO en los campamentos, porque sin armas, serán como pollos para tigres hambrientos", dijo hace días un oficial local.

Por Diego Agúndez