El reo mexicano Humberto Leal, cuya ejecución está prevista para hoy en Texas, recibió la visita de algunos familiares, mientras se aguardaban noticias del gobernador del estado o del Tribunal Supremo de EE.UU., los únicos que pueden hacer que no se cumpla la condena impuesta en 1994.

La defensa de Leal, que fue condenado a muerte por la violación y asesinato de Adria Sauceda, de 16 años, solicitó detener temporalmente la ejecución para dar oportunidad a que sea aprobada una norma legal que permitiría una revisión del caso, y se determine si el no haber sido informado de sus derechos consulares fue determinante en su sentencia de muerte.

La defensa, encabezada por la abogada Sandra Babcock, también está a la espera de escuchar al gobernador de Texas, Rick Perry, quien puede otorgar una suspensión de 30 días.

La ejecución está programada para las 18.00 horas (23.00 GMT), pero, según dijo hoy a Efe el portavoz del Sistema de Justicia Penal de Texas, Jason Clark, Leal no será ejecutado en ese momento, si la Corte Suprema no ha decidido entonces si otorga o no la suspensión temporal.

Entre tanto, Leal, de 38 años y originario de Monterrey, recibió esta mañana las visitas de algunos familiares en una sala especial para estos casos, dotada de cristales blindados, en el pabellón de la muerte de la prisión texana de Livingston, donde está recluido desde 1995.

No se informó de quienes le visitaron, pero sí está confirmado que entre las personas que estarán presentes en la ejecución se cuenta su hermana Mary, según el portavoz Jason Clark.

En algún momento del día Leal será trasladado a la prisión de Huntsville, en donde se encuentra la Unidad Wallis, conocida como la Unidad de las Paredes, y ahí se le mantendrá en una celda adyacente a la cámara de ejecuciones.

Podrá hacer llamadas telefónicas desde ahí y estará acompañado por un consejero espiritual, agregó Clark.

De no ser detenida la ejecución, a las 16:00 horas (21.00 horas GMT) le será servida su última cena, que él mismo eligió en días anteriores y que consistirá en tacos de carne asada, pico de gallo, un plato de pollo frito y coca-colas.

Poco antes de las 18:00 (23.00 GMT), la hora prevista para la ejecución, será encaminado a la Cámara de la Muerte en la prisión de Huntsville.

El portavoz subrayó que Leal no será ejecutado mientras no se resuelvan todas las apelaciones y todos los recursos.

En agosto del 2008, la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín fue pospuesta más de tres horas hasta que el Tribunal Supremo en un voto muy ajustado se decidió por la muerte.

La Corte Suprema indicó en aquella ocasión que, para detener las ejecuciones de mexicanos, los legisladores debían aprobar una norma con los mecanismos necesarios para obligar a los estados a cumplir con el "Fallo Avena" de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

La CIJ ordenó en 2005 a Estados Unidos la revisión de los casos de 50 mexicanos condenados a muerte.

El fallo de esta corte se basaba en que Estados Unidos incumplió en esos casos el artículo 36 de la Convención de Viena, que obliga a notificar a los extranjeros detenidos de su derecho a recibir asistencia consular.

La diferencia entre el caso Medellín y el caso Leal es que ya se ventila en el Congreso la Ley para el Cumplimiento de la Notificación Consular 2011, que brindaría los mecanismos para hacer cumplir a los estados con el fallo "Avena".

Las autoridades de Texas se niegan a suspender las ejecuciones de extranjeros aduciendo que ninguna corte internacional puede suplantar ni las leyes estatales ni las de Estados Unidos y que el Gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión a los estados.

El Gobierno de México y los abogados de Leal presentaron el pasado 28 de junio un recurso "amicus curiae", con el argumento de que no se debe permitir al estado de Texas pasar por encima de los derechos constitucionales del reo.

El 1 de julio el Gobierno de EE.UU. planteó el mismo recurso para suspender la ejecución hasta que se revise el caso del mexicano, por el que han intercedido también el Consejo de Europa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales.