Diversos grupos de derechos civiles solicitaron el viernes a una corte federal que impida en Alabama la entrada en vigencia de una nueva ley contra la inmigración ilegal.

Tanto partidarios como detractores han descrito la medida como la más estricta de su tipo en Estados Unidos.

De acuerdo con la demanda que presentaron los inconformes en Huntsville, la ley tiene una "trascendencia sin precedentes" y rebasa normativas similares aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia.

Diversos jueces federales han impedido que las leyes entren en vigencia de manera total o parcial en esos estados. En la demanda, los promotores solicitan al juez que declare inconstitucional la ley e impida su aplicación en Alabama.

Si entra en vigencia el 1 de septiembre tal como fue elaborada, la ley de Alabama permitirá el arresto de cualquier sospechoso de ser inmigrante ilegal si esa persona es detenida por otra causa.

Asimismo obligará a las empresas a que verifiquen la condición legal de sus trabajadores nuevos y que las escuelas informen sobre la condición migratoria de sus estudiantes.

Matthew Webster fue una de las personas que participan como demandantes en el documento.

Webster y su esposa, de la comunidad de Alabaster al sur de Birmingham, efectúan los trámites para la adopción de dos menores indocumentados en el país.

Webster, quien se describió como políticamente conservador, dijo que temía que los niños afronten una deportación con la nueva ley antes de que concluya el proceso de adopción con el que ya se les consideraría legales en el país.

Dijo que los niños "tiene miedo de que se los lleven" si sólo van a la escuela.

"Esta normativa me criminaliza, también a mi esposa, por alojar y transportar a estos menores", señaló.

Según la demanda, la nueva ley convertirá en víctimas por su aspecto racial a residentes de Alabama, entre ellos ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos que se encuentran legalmente en el país.

La ley remueve el recuerdo de los problemas de la segregación del pasado dirigida contra una clase de personas, a las que se les hacía más difícil la vida en Alabama, de acuerdo con la demanda.

"Los individuos a quienes los agentes estatales o locales perciban como 'extranjeros' estarán en peligro constante de hostigamiento y de una detención ilegal prolongada por parte de agentes estatales", agregó.

Los padres no podrán inscribir a sus hijos en las escuelas primaria ni secundaria debido al punto de la ley que obliga a los planteles a verificar la condición migratoria de los estudiantes, dijeron los grupos en la demanda.

Para los legisladores, ese punto de la ley pretende determinar a cuánto asciende el gasto del estado en la educación de inmigrantes indocumentados y no prohíbe la asistencia de los inmigrantes indocumentados a las escuelas públicas.

De acuerdo con la normativa, será delito dar un viaje gratis o alquilar una vivienda a una persona si se sabe que ésta es indocumentada.