Estados Unidos infringió el derecho internacional con la ejecución de un mexicano en Texas, afirmó el viernes la principal funcionaria de derechos humanos de la ONU.

La ejecución de Humberto Leal "plantea preocupaciones jurídicas particulares", entre ellas si él tuvo acceso a asistencia consular y si se le otorgó un juicio imparcial, dijo Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Leal fue ejecutado el jueves en la noche por la violación y homicidio en 1994 de una adolescente en San Antonio después de que no lograron aplazar la pena los abogados del acusado, los cuales tenían el respaldo del gobierno mexicano y otros diplomáticos.

Además de México, el gobierno del presidente Barack Obama y otros sectores querían que la Corte Suprema federal suspendiera temporalmente la ejecución a fin de permitirle al Congreso analizar una ley que obligue una revisión en tribunales de los casos de extranjeros condenados a muerte que no recibieron asistencia jurídica de sus consulados.

El máximo tribunal rechazó la solicitud por cinco votos a favor y cuatro en contra.

El gobierno de México envió una nota de protesta al Departamento de Estado, en la que también subrayó la violación al derecho internacional en que había incurrido.

El consejero jurídico de la cancillería de México, Joel Hernández, dijo el viernes a la AP que tras la ejecución de Leal hay otros dos mexicanos con fecha de ejecución inminente en Texas, identificados como César Fierro y Rubén Ramírez Cárdenas.

Ambos están cubiertos por un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2004 en el que pide a Estados Unidos revisar y reconsiderar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte. Entre ellos estaba Leal.

Hernández dijo que la esperanza para esos dos mexicanos con fecha de ejecución inminente es que se apruebe en Estados Unidos una ley de implementación del fallo, lo cual permitiría cumplir con lo establecido por la CIJ.

En este momento hay un total de 58 mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos.

El gobernador de Texas, Rick Perry, tampoco concedió el aplazamiento de la ejecución. Texas, la entidad que hace efectiva la mayor cifra de penas de muerte en Estados Unidos, ha ejecutado a otros extranjeros en casos que plantean desafíos similares, el más reciente en 2008.

Pero lo que hizo Texas "también coloca a Estados Unidos en violación del derecho internacional", dijo Pillay, quien visitó México esta semana. "El proceder de Texas en este caso es imputable jurídicamente a Estados Unidos y finca responsabilidad internacional" a ese país, agregó.

"Lo que está haciendo el gobernador Perry es poniendo a todos los Estados Unidos, como país, en una situación de incumplimiento", dijo el consejero jurídico de la cancillería mexicana.

Consideró que en Texas la pena de muerte es un asunto que "está muy enraizado en la población, en sus líderes políticos, en su ley... que termina atrayendo a todos, independientemente del partido al que pertenezca, en el sentido de apoyar la pena de muerte".

Tanto Perry como la Junta de Perdones y Libertad bajo Palabra de Texas no cumplieron sus obligaciones consulares y de juicio imparcial — especificados bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y un Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos_, las cuales hubieran evitado que Estados Unidos incumpliera sus compromisos con el derecho internacional.

La ejecución socavó "el papel de la Corte Internacional de Justicia y posiblemente sus consecuencias se extenderán más allá de Texas".

Según la cancillería mexicana, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, intentó comunicarse telefónicamente con Perry, quien se rehusó a tomar la llamada.

Hernández aseguró que México ha hecho todo lo que está a su alcance para proteger los derechos de los mexicanos condenados a muerte e incluso afirmó que a través del programa de asistencia jurídica de la cancillería se ha logrado desde el año 2000 que fiscales desistieran de solicitar la pena de muerte en 120 casos.

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Contribuyó con esta nota el corresponsal de AP en la ciudad de México E. Eduardo Castillo