La Fiscalía General acusó a 15 militares, entre ellos un oficial, como presuntos autores del asesinato de cinco campesinos a los que falsamente presentaron como paramilitares muertos en combate.

La Fiscalía indicó el viernes en un comunicado que la acusación de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos recayó sobre el teniente del ejército Haizer Etiel Meléndez y 14 soldados profesionales como presuntos autores de seis delitos, entre ellos homicidio, desaparición forzada y tortura.

Los hechos investigados ocurrieron el 25 de mayo de 2005 en zona rural del municipio de Monterrey, departamento de Casanare, a unos 135 kilómetros al noreste de Bogotá. Los militares "informaron sobre el presunto choque armado al término del cual les fueron hallados a los abatidos paramilitares un fusil, una pistola y nueve granadas M26", explicó la Fiscalía.

Agregó que tras las investigaciones "se estableció que no existió encuentro armado, que las víctimas eran campesinos y que las armas reportadas fueron puestas (en la escena del crimen) por los agresores".

Las víctimas fueron el campesino Misael Alvarez Guerrero, dos de sus nietos y dos empleados de su finca.

"De acuerdo con los testimonios recaudados, entre otras pruebas, las víctimas fueron retenidas por los uniformados que las obligaron a vestir prendas de uso militar y las condujeron desde la finca de Alvarez hasta el lugar donde fueron ultimadas", explicó el ente investigador.

Desde fines de 2008, cuando se descubrió que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha recibido denuncias de que 2.701 personas habrían sido víctimas de esta práctica.

De esas 2.701 supuestas víctimas, 128 eran mujeres y 135 menores de edad, de acuerdo con datos de la Fiscalía.

Según estadísticas de ese organismo investigador, hasta abril 344 militares habían sido condenados por estos hechos. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados de Colombia.

En octubre de 2008, el presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y el actual mandatario Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, destituyeron a 27 militares, entre ellos a tres generales, que por acción u omisión habrían tenido alguna responsabilidad en esas ejecuciones.

La Procuraduría General, que en Colombia sólo profiere fallos disciplinarios contra funcionarios públicos, dijo el viernes que sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 15 años a dos soldados, ya detenidos, que hace cuatro años asesinaron a un civil al que reportaron como un guerrillero muerto en combate.

La Procuraduría explicó que 18 de mayo de 2007, en un remoto poblado de la costa Caribe de Colombia, los dos uniformados ejecutaron extrajudicialmente "al señor Edward David Castro, como respuesta a un presunto ataque en su condición de miliciano del ELN", o de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.

"De acuerdo con las pruebas, los militares simularon un combate para tratar de justificar la muerte como respuesta legítima de los uniformados ante una agresión del ELN y presentarlo como éxito operacional en la lucha contra la subversión", agregó la Procuraduría o el Ministerio Público.