La Red Nicaragüense de la Sociedad Civil de las Migraciones solicitó hoy al Gobierno que preside Daniel Ortega gestionar ante su colega costarricense, Laura Chinchilla, una amnistía a favor de unos 200.000 de sus conciudadanos que residen irregularmente en Costa Rica.

Una representante de esa Red, Martha Cranshaw, hizo la solicitud en rueda de prensa junto a la organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

"Estamos apostando, proponiendo y demandando al Gobierno de Nicaragua que proceda a una negociación con el Gobierno de Costa Rica para una amnistía migratoria para los nicaragüenses que residen allá, que no han podido regularizarse", señaló Cranshaw.

Según diversas fuentes, entre ellas la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en Costa Rica viven entre 800.000 y un millón de nicaragüenses, legales e ilegales, quienes buscan en ese país mejores oportunidades de vida.

La Red Nicaragüense de la Sociedad Civil de las Migraciones, no gubernamental, consideró hoy que una amnistía sería la forma más "expedita" para favorecer a 200.000 de esos nicaragüenses.

Cranshaw explicó que ha crecido el flujo migratorio a lo interno de Centroamérica debido a la aprobación de leyes que "criminalizan a los migrantes" en Estados Unidos.

También por el creciente riesgo que significa transitar por México hacia EE.UU.

En ese sentido, un miembro del servicio jesuita para las Migraciones, el español José Luis González, señaló a la Policía de México de "abusar" de los migrantes.

"Las autoridades de las distintas policías que hay en México están continuamente abusando de los migrantes centroamericanos, no solamente se trata de Los Zetas (una red criminal relacionada al narcotráfico)) o de las pandillas, de las maras", denunció.

"Las propias autoridades de las policías migratorias, federales, todas estas policías que atraviesan México" se aprovechan de los migrantes que cruzan México para llegar a los Estados Unidos, insistió González.

Recordó que en México muchos migrantes han sido asesinados o secuestrados.

González mencionó, como ejemplo, la reciente denuncia del sacerdote Alejandro Solalinde, responsable de la Casa del Migrante, ubicada en Ixtepec, en el estado mexicano de Oaxaca.

Solalinde denunció el 27 de junio que "al menos 80 migrantes", incluyendo a mujeres y niños, habrían sido secuestrados por una organización criminal desde el día 24 de ese mismo mes en Veracruz, sureste de México.

Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, publicado en febrero pasado, indica que al menos 11.300 migrantes fueron secuestrados entre abril y septiembre de 2010, en su paso hacia Estados Unidos.