El Tribunal Supremo de Cuba revisará el 22 de julio la apelación del contratista estadounidense Alan Gross condenado a 15 años por delitos contra la seguridad en la isla, según un comunicado leído el jueves en la televisión cubana y replicado en la prensa oficial.

El comunicado señaló que en esa fecha se celebrará "la vista del recurso de casación", un tipo de apelación, solicitada por la defensa del norteamericano tras su juicio en primera estancia en el mes de marzo de este año y en el que se lo encontró culpable.

Gross, de 61 años, fue sancionado por cometer "actos contra la independencia o la integridad territorial del estado", luego de pasar más de un año bajo investigación pero sin proceso en la isla desde su arresto en diciembre de 2009.

La "casación" es el último recurso que le queda al estadounidense para revertir o modificar la sentencia en su contra.

El estadounidense trajo ilegalmente a Cuba equipos de telecomunicaciones a nombre de la Development Associates International (DAI), una firma que presta servicios a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés).

Los equipos, según el gobierno de Washington, serían utilizados con el objetivo de avanzar programas de apoyo a la democracia, a los cuales las autoridades de la isla consideran que son solo pantallas para financiar actividades antigubernamentales.

Las características de los instrumentos que traía consigo Gross no se conocen con precisión ya que solo han sido descritos por las autoridades de ambos países como "equipos de telecomunicaciones".

Gross y su abogada fueron informados sobre la fecha de la casación "en la mañana de este jueves, al igual que las autoridades estadounidenses a través del Departamento de Estado en Washington y la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana", indicó la nota oficial.

Según el comunicado, en contra de la sanción que se le impusiera "haciendo uso del derecho legal que le asiste, el ciudadano estadounidense presentó recurso ante la máxima autoridad judicial del país, que ahora se apresta a considerar los argumentos expuestos por el acusado".

El caso de Gross es uno de los puntos más visibles de la histórica tensión entre Cuba y Estados Unidos.

Para La Habana, el caso muestra que Washington no cesa de intervenir en sus asuntos internos, incluso realizando acciones que se consideran ilegales con el objetivo de cambiar su sistema.

Mientras el gobierno estadounidense exije la liberación inmediata de Gross, alegando que se trata de un cooperante internacional y por lo tanto la sanción es una injusticia.

El asunto echó luz también sobre los programas que Estados Unidos financia en relación a la isla.

En abril, tras conocerse el veredicto el senador demócrata John Kerry, presidente del comité de Relaciones Exteriores, dijo en un comunicado de prensa que "no existen evidencias de que los programas de promoción de democracia, que han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 150 millones de dólares hasta el momento, estén ayudando al pueblo cubano".

En cambio el senador indicó que solo lograron "provocar al gobierno cubano" y lograron el arresto del "contratista estadounidense que distribuía equipos de comunicación por satélite a contactos cubanos".

Algunos visitantes estadounidenses como el ex presidente James Carter a finales de marzo y un grupo de mujeres que viajaron en junio como parte de un programa del Centro para la Democracia en las Américas vieron a Gross.