El relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, sostuvo el jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que los Estados están obligados a consultar a los pueblos indígenas desde el momento en que se plantea la posibilidad de un proyecto en sus territorios.

El estadounidense se presentó ante los jueces durante la audiencia de la demanda de los indígenas kichwa sarayaku contra Ecuador por concesionar sus tierras en la amazonía a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC). La compañía luego se retiró de la región pero dejó en el sitio cerca de 1.500 kilos de dinamita.

"Esta obligación aplica cuando los derechos pueden ser afectados, no sólo el derecho a la propiedad, sino el derecho a su cultura, a su religión, cuando sitios sagrados se verían afectados... y esa consulta es un elemento central para un nuevo modelo de relaciones entre los Estados y los pueblos indígenas", dijo Anaya durante una declaración de casi dos horas.

El relator resaltó que el derecho a consulta también implica un nuevo modelo de desarrollo, pues "no se puede olvidar la historia de represión y exclusión que ha caracterizado esa relación, muchas veces con consecuencias desastrosas... y donde detrás se encuentra el afán de lucro usando las tierras indígenas".

Agregó que "para los actores dominantes en el continente, la manera de ser de los pueblos indígenas ha sido objeto de desprecio y desafortunadamente sigue, hay una imagen del indígena como salvaje y eso justifica nuevos actos de exclusión".

Ante consultas de la representación del Estado y de los mismos jueces, Anaya señaló que existen instrumentos jurídicos internacionales que justifican la obligación a consulta. Entre otros mencionó un convenio de la Organización de Estados Americanos y la misma Convención Americana de Derechos Humanos.

Ecuador ratificó la Convención en 1977 y el convenio en 1999.

Anaya indicó que lo ideal sería que la consulta se haga desde que se concibe el proyecto. "Lo que pasa es que se está entrando en los territorios con los contratos ya hechos, los obreros contratados y las obras diseñadas y luego se le presenta a los pueblos. Eso no puede ser así", dijo.

El relator explicó que no hay una sola forma de decisión en los pueblos indígenas. "En algunos casos se hace una asamblea que dura hasta días para llegar a un consenso y en otros son los líderes específicos que fueron escogidos para relacionarse con el mundo de afuera", dijo, pero resaltó que "lo importante es que esa decisión sea legítima y los mismos pueblos indígenas tienen que responsabilizarse de su propia organización".

Durante la audiencia también dieron testimonio el antropólogo paraguayo Rodrigo Villagra y el general ecuatoriano Oscar Troya, quien se refirió a las actividades del ejército en la zona como parte de la protección a las comunidades indígenas.

La presencia de Troya causó molestia en la representación de las presuntas víctimas. El militar eludió responder algunas de sus consultas, como si el ejército solicitaba permiso de las autoridades indígenas antes de ingresar a sus territorios.

El general señaló que cuando ingresaban a una propiedad privada, lo hacían con permiso de un juez.

La audiencia, que comenzó el miércoles, tuvo que ser suspendida temporalmente. En la tarde del jueves se presentarán los alegatos finales.

El miércoles dieron testimonio miembros de los sarayaku, entre ellos el líder espiritual Sabino Gualinda, de 89 años, y dirigentes comunales como Patricia Gualinga y Marlon Santi, quien hasta marzo lideró la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

La Corte, que tiene su sede en la capital costarricense, emitiría un fallo sobre este caso en los próximos meses.