La organización regional de defensa de derechos humanos Cejil estimó que un decretó que obliga que los fallos sobre temas constitucionales de la Corte Suprema sean adoptados por unanimidad, interfiere con las funciones de la justicia.

La abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) encargada de temas salvadoreños, Gisela de León, explicó a la AP que a inicios de junio la Sala tomó por mayoría de 4-1 decisiones controversiales en el ámbito político, entre esas abrió la posibilidad de postulaciones independientes para el cargo de diputado, declaró inconstitucional la elección de dos magistrados al Tribunal Supremo de Elecciones y resolvió la cancelación de dos partidos tradicionales salvadoreños el Demócrata Cristiano y el de Conciliación Nacional.

Como una aparente represalia a esos fallos, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el decreto 743 que estipula que los temas de inconstitucionalidad que analice la Corte Suprema deberán resolverse por votación unánime de los cinco magistrados, lo cual fue avalado por el presidente Mauricio Funes que promulgó el acuerdo, a pesar que los jueces lo declararon inaplicable al calificarlo como inconstitucional.

"Este decreto es una injerencia directa en el Poder Judicial que está sujeto a presiones en este momento", dijo De León desde la sede regional de Cejil en San José.

Agregó que la medida "pone en peligro la institucionalidad democrática en El Salvador porque la democracia se basa en la separación de poderes y se está dejando entrever una confrontación de poderes, donde por ejemplo el Poder Ejecutivo no está publicando las sentencias de la Sala".

Cejil recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es "necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento".

Cejil además externó su inquietud sobre el decreto salvadoreño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que solicitó comunicación con el Estado salvadoreño para que informe sobre qué medidas estarían tomando para evitar que haya un conflicto entre poderes.

Después de haber promulgado el cuestionado decreto, el presidente salvadoreño mostró estar consciente de que el país está sumido en "un verdadero conflicto de poderes que he visto con suma preocupación" y exhortó a alcanzar un "acuerdo institucional que permita recuperar la necesaria armonía democrática", según un comunicado de la Presidencia. Sin embargo, no revirtió la medida.

El Salvador vivió una guerra civil en la década de los 80 que luego de la firma en 1992 de los Acuerdos de Paz dio paso a una nueva etapa democrática con votaciones presidenciales desde 1994 hasta el presente, con la elección en el 2009 del actual mandatario.