El pueblo indígena ecuatoriano Kichwa Sarayacu acudirá mañana a la CorteIDH para exigir que se condene al Estado de Ecuador por violaciones a los derechos humanos, tras otorgar en 1996 una licitación petrolera a una empresa argentina en tierras indígenas sin consulta previa.

El caso se verá mañana y el jueves en una audiencia pública en la que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, escucharán a líderes indígenas y sus representantes, así como a funcionarios del Estado ecuatoriano y peritos.

El caso se remonta a 1996 cuando el Gobierno otorgó una licitación para exploración y explotación petrolera a la firma argentina Compañía General de Combustibles (CGC), cuyo contrato fue cancelado en 2010 tras años de oposición del pueblo Sarayacu, ubicado en la amazonía ecuatoriana y donde habitan unas 1.200 personas.

José Gualinga, presidente del pueblo indígena, declaró hoy en una conferencia de prensa que la empresa petrolera colocó en 2002, con protección del Ejército, cerca de 1,4 toneladas de explosivos en la selva como parte de los trabajos de exploración.

Algunos de esos explosivos fueron detonados pero hasta la fecha la mayoría se mantiene enterrada en una zona de 20 kilómetros cuadrados, lo que supone un riesgo para los habitantes del pueblo y la biodiversidad.

También afirmó que durante los trabajos de exploración petrolera hubo agresiones y detenciones contra habitantes de Sarayacu, y que la empresa taló bosque primario y árboles sagrados, y además cerró pasos fluviales ancestrales que son las únicas vías de acceso al remoto pueblo.

Gualinga afirmó que el objetivo es demostrar ante la CorteIDH que "el Estado ecuatoriano atentó contra la vida del pueblo Sarayacu, la biodiversidad y la naturaleza" y que "violó la Constitución y no respetó la voluntad y la libertad del pueblo Sarayacu".

Por su parte, la dirigente indígena Patricia Gualinga dijo que ha sido "un proceso muy complicado" y que el pueblo Sarayacu pretende sentar un precedente para el respeto de los derechos de las comunidades indígenas del continente americano.

"Queremos que se siente un precedente tan importante que nuestros derechos no vuelvan a ser violados, que no volvamos a ser perseguidos ni criminalizados", afirmó la dirigente Gualinga.

Según los dirigentes, la empresa petrolera creó divisiones en comunidades cercanas, también Kichwas ofreciendo dinero, trabajo y desarrollo a cambio del apoyo a los proyectos petroleros.

La directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic, que actúa como representante de las víctimas ante la Corte, afirmó que la importancia del caso radica en el derecho que tienen los pueblos indígenas a su territorio y a sobrevivir con su modelo propio.

Para Krsticevic este caso es "clave para Ecuador y tiene repercusiones importantes para el resto de América".

"En América Latina hay muchas constituciones que reconocen la protección de los derechos indígenas, pero persisten tendencias autoritarias en muchos gobiernos en los que la consulta y el respeto a los derechos indígenas no se hacen realidad", comentó.