La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) mantiene conversaciones con Estados Unidos y Canadá para recibir de esas naciones una cooperación económica y se alista para realizar un periodo de sesiones en Barbados con la idea de acercarse a las naciones caribeñas que tampoco han reconocido su competencia.

Estados Unidos y Canadá forman parte del grupo de 13 naciones que no se han adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos o que no reconocen la competencia contenciosa del tribunal regional. Otros son Belice, Guyana, Dominica y Bahamas en tanto Trinidad y Tobago denunció la Convención en 1998.

"Hemos recibido señales positivas de estos dos países por ejemplo de prestar algún grado de contribución financiera a la Corte. Si bien no es necesariamente el anuncio de que después vendrá el reconocimiento de la competencia contenciosa, si es una señal de identificación con los valores y propósitos del tribunal", destacó el presidente del CorteIDH, el juez peruano Diego García Sayán en entrevista con AP.

Aunque reconoció que el diálogo está encaminado, es imposible dar fechas debido a que "son países con estructuras federales y un complejo proceso interno de toma de decisiones"

"Yo quisiera que estén cerca y la esperanza y el objetivo es que el sistema interamericano abarque a todos los países que son miembros de la OEA, pero es un proceso que tomará su tiempo y en el cual hay que ir con prudencia pero con firmeza", expresó.

Con esa misma intención, la Corte tendrá un periodo de sesiones extraordinario del 10 al 14 de octubre en Barbados.

"Lo hacemos en un país del Caribe que reconoció la competencia de la Corte porque queremos que la comunidad jurídica y política de otros países anglofónos del área acudan y vean cómo opera la Corte", agregó García Sayán.

El jurista considera que en sus más de 30 años de existir, la Corte ha experimentados cambios importantes como que cada vez llegan más casos y sobre más temas. Además, el trámite se ha vuelto más eficiente, pasando de un promedio de 40 meses a poco menos de 18 meses.

"Eso no quiere decir que haya más violaciones a los derechos humanos, sino que han cambiado de pasar a solo tener casos derivados de la represión de dictaduras militares por ejemplo a casos sobre libertad de expresión, garantías judiciales y derechos de los pueblos indígenas que no se veían en la década de los 90", comentó el peruano.

Entre los desafíos para el tribunal, García Sayán enfatizó el presupuestario. La Corte recibe unos dos millones de dólares de la OEA y debe obtener casi la misma suma de la cooperación internacional para funcionar y realizar unas cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias cada año.

Del dinero que aporta la OEA, casi la cuarta parte se va en el pago de servicios de traducción al inglés y aún así García Sayán cree necesario que en algún momento las mismas se extiendan al portugués y al francés.

"Esta Corte es la más pobre de todas las que existen... y eso es un llamado de atención a los miembros de la OEA. No pretendemos cambios de un día para otro pero estamos buscando soluciones con los cooperantes", apuntó el presidente, sobre todo si se considera que cada año sube la cantidad de casos que llegan, nunca baja.

El año pasado recibieron 16 nuevas demandas y a mayo del 2011 ya tenían ocho, por lo que estiman que superarán la cifra del 2010 antes de diciembre.

"No solo se trata de los casos contenciosos sino que además de resolver, la misma Corte debe supervisar el cumplimiento de esas sentencias y por otro lado están las medidas provisionales (de protección) que emitimos", destacó.

A diciembre del 2010 la Corte había emitido 46 medidas provisionales y mantenía 111 casos en supervisión de sentencia, trabajo que recae en menos de 20 abogados de planta que laboran para la Corte.