Un tribunal de Ecuador condenó hoy a tres años de prisión al excoronel Rolando Tapia, acusado de atentar contra la seguridad del Estado durante la rebelión policial del pasado 30 de septiembre, pero los jueces de esa corte fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura.

El caso ha generado una intensa polémica, luego que la defensa del exoficial pidiera que se anulara el proceso, ya que los jueces que dictaron el fallo fueron suspendidos por irregularidades en la integración del tribunal.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, emitió hoy una resolución que suspende a los jueces del Tribunal Segundo de Garantías Penales.

Según esa resolución, a la que Efe tuvo acceso, el juez Renato Vásquez fue suspendido por 90 días por nombrar, de manera irregular, como magistrado "ad hoc" del tribunal a Xavier Andrade, sin que éste haya sido designado por el Consejo de la Judicatura.

Cevallos, que ordenó la separación inmediata de Andrade, también suspendió al juez Luis Manosalvas, el tercer integrante del tribunal, por haber aceptado ese tipo de irregularidades.

No obstante, fuentes del Gobierno han señalado que la amonestación a los jueces se dio después del fallo contra los imputados en el caso, lo que supone que la sentencia se encuentra "en firme" y es válida.

El Tribunal Segundo de Garantías Penales emitió el pasado martes la sentencia condenatoria contra Tapia y otros agentes imputados y hoy anunció las penas de prisión contra ellos.

Una fuente cercana al proceso indicó a Efe que el Tribunal declaró a Tapia "autor" del delito y le condenó a cumplir una pena de tres años de reclusión.

Otros cinco policías, Francisco Noboa, Patricio Simancas, Marco Tibán, Mario Flores y Carlos Tasinchana, también fueron condenados como cómplices o encubridores, con penas que van de un año a dieciocho meses de prisión.

Se trata de las primeras sentencias por la rebelión del 30 de septiembre, durante la cual Tapia era el jefe de la escolta policial de la Asamblea Nacional.

Fue acusado de impedir el ingreso de legisladores a su sede, de ordenar borrar los vídeos de seguridad de ese día y de no evitar la agresión a asambleístas del oficialismo.

La defensa de los imputados ha alegado que no se respetó el debido proceso y ha demandado que se anule lo actuado por los magistrados Vásquez, Manosalvas y el impugnado Andrade, ante las irregularidades advertidas hoy por el Consejo de la Judicatura.

La comandancia de la Policía ordenó hace pocos días la expulsión de Tapia de la institución, bajo cargos de incumplimiento de sus obligaciones, de afectar la imagen policial y de haber dado declaraciones a la prensa posteriores a la revuelta sin el permiso de sus superiores.

Según datos del Gobierno, 1.199 policías y militares protagonizaron el 30 de septiembre de 2010 una inédita protesta salarial que luego derivó en un alzamiento de proporción.

El presidente del país, Rafael Correa, que había acudido en la mañana a hablar con los agentes sobre sus inquietudes salariales, fue agredido y se refugió en un hospital de la policía, del que sólo pudo salir en la noche tras una operación de rescate, en medio de un intenso tiroteo.

Correa consideró que esa jornada, en la que fallecieron unas ocho personas, hubo un intento de golpe de Estado en su contra, instigado por grupos de oposición y "malos oficiales" de la Policía.

De momento sólo Tapia y los otros cinco policías han sido condenados.

Entre otros, han sido declarados inocentes, por tribunales de justicia, dos de los principales imputados en el proceso, el exdirector del hospital de la Policía, César Carrión, y Fidel Araujo, vinculado al partido opositor Sociedad Patriótica, agrupación a la que Correa acusó de estar detrás de la revuelta.