El Gobierno danés sacó hoy adelante en el Folketing (parlamento) su plan para instaurar controles aduaneros permanentes en las fronteras con Suecia y Alemania, que ha provocado recelos por la posibilidad de que viole el tratado de Schengen de libre circulación.

Tras semanas de duras discusiones, aplazamientos y especulaciones sobre apoyos, el Parlamento rechazó hoy la moción de la oposición que pretendía tumbar el acuerdo entre el Gobierno liberal-conservador, el ultranacionalista Partido Popular danés (DF) y el único diputado cristiano demócrata, Per-Oerum Joergensen.

Se esperaba un largo debate, pero el hecho de que Joergensen ratificó hace unos días que finalmente votaría con el Gobierno y le daría así la mayoría absoluta, provocó que hoy no hubiera discusión y que la moción opositora fuera derrotada por 58 votos a 50 y con sólo el sesenta por ciento de los diputados presentes.

La Comisión de Finanzas del Parlamento, donde el Gobierno tiene mayoría clara con el DF, aprobó unas horas más tarde los fondos para implementar el acuerdo en una reunión que se pensaba sería aplazada para después del verano, debido al cierre estival del Parlamento.

La aplicación del plan de controles aduaneros será inmediata, aunque la última fase, la que incluye los controvertidos puestos fronterizos, no se completará hasta 2014.

El ministro de Impuestos, Peter Christensen, anunció hoy que desde el martes habrá cincuenta nuevos agentes de aduanas.

Treinta estarán en la frontera con Alemania, diez en los transbordadores que conectan las localidades danesas de Roedby y Gedser con este país, cinco en la entrada al puente que une Suecia con Dinamarca y otros cinco en Helsingoer, desde donde salen los transbordadores a la ciudad sueca de Helsingborg.

Antes de fin de año serán destinados 48 agentes más, según el plan, que pretende invertir 270 millones de coronas danesas (unos 36 millones de euros) en personal y equipamiento tecnológico.

Ese trámite parlamentario cierra dos meses desde que el acuerdo fue presentado por el Gobierno, que han agitado el panorama político danés, con discusiones acaloradas entre los propios partidos que lo apoyan, la oposición, Bruselas y otros países de la UE, además de críticas de la patronal danesa.

La decisión danesa surgió en medio de un debate sobre Schengen en la UE, que la semana pasada acordó modificar el tratado para permitir el restablecimiento temporal de fronteras internas tras la llegada masiva de inmigrantes del norte de África.

El nuevo reglamento, impulsado por Francia e Italia, incluirá una cláusula de salvaguarda para circunstancias excepcionales que pongan en peligro el funcionamiento de la cooperación general de Schengen, sin menoscabar el principio de libre circulación de personas.

El debate en estos dos meses en Dinamarca alcanzó por momentos un tono muy duro, sobre todo después de las críticas moderadas de algunos políticos alemanes por entender que esa medida alentaba el nacionalismo, que provocaron una reacción frontal del DF, con alusiones al pasado nazi de Alemania.

Nada raro en un partido, "llave" de la mayoría del Gobierno desde 2001, que usa expresiones más fuertes contra los inmigrantes y que ha impulsado la política de extranjería más dura de la UE, aunque normalmente las reserva para la política interna.

Esos ataques y las dudas de la Comisión Europea (CE) llevaron al Gobierno a iniciar una ofensiva diplomática para tranquilizar a sus socios comunitarios, e insistir en que son sólo controles aduaneros para frenar la criminalidad y que respetarán Schengen.

El Gobierno ha acabado además por asegurar públicamente que mantendrá informada a la CE de los avances del plan y que aceptará las recomendaciones que se le hagan para evitar una posible demanda contra Dinamarca en los tribunales europeos por violar Schengen.

Frente a esa actitud conciliadora, la presidenta del DF, Pia Kjaersgaard, animó a la CE a iniciar un caso en los tribunales si cree que el acuerdo es ilegal.

La decisión de restaurar los controles fue una concesión del Gobierno al DF, cuyo poder real en la política danesa excede a su condición de tercer partido en diputados, para que apoyara las reformas de las pensiones y las prejubilaciones.

Pero los esfuerzos del Gobierno danés y sus aliados pueden quedarse en nada dentro de unos meses tras las elecciones generales, aún sin fecha, aunque deberán celebrarse antes de noviembre.

La oposición de izquierda, a la que las encuestas dan favorita, ya ha anunciado su intención de reformar el proyecto, eliminando los puestos de control permanentes.

Anxo Lamela