Familiares de las víctimas de un avión colombiano destruido en pleno vuelo en noviembre de 1989 presentaron hoy una demanda contra la recientemente rubricada Ley de Víctimas, al considerar que dicha norma no ampara a los afectados por el narcoterrorismo.

La demanda fue interpuesta ante la Corte Constitucional al considerar que la ley solo tiene cobertura a víctimas del conflicto armado interno.

En el avión de Avianca destruido por una bomba en pleno vuelo, cuando viajaba entre Bogotá y Cali el 27 de noviembre de 1989, murieron 107 personas.

El atentado contra esa aeronave, que cayó a tierra a los pocos minutos de despegar en zona rural de Soacha, localidad vecina a Bogotá, fue ordenado por Pablo Escobar, fallecido jefe del desarticulado cártel de la cocaína de Medellín.

Según Federico Arellano, representante de las víctimas, la ley viola sus derechos por cuanto tiene vicios de fondo y procedimiento en la definición de víctima y por que la reparación procederá solo afectados por la guerrilla y los paramilitares.

La Ley de Víctimas fue rubricada el pasado 10 de junio por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en una ceremonia en la que actuó como testigo de honor el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Para Arelllano, hijo del tenor Gerardo Arellano, quien falleció en el atentado, el hecho de que la norma refiera como beneficiarios solo a aquellos que han resultado afectados por el desarrollo de un conflicto armado, excluye a las víctimas del "narcoterrorismo".

Citó casos en que dicha ley no aplica como el de las víctimas del avión de Avianca y los asesinatos de políticos de la extinguida Unión Patriótica (UP), y de los también partidos políticos Alianza Democrática M-19 (ADM-19) y del también extinguido Nuevo Liberalismo (NL).

Así, añadió Arellano, familiares de líderes asesinados como Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leóngomez y Bernardo Jaramillo Ossa, los tres aspirantes presidenciales, del NL, la ADM-19 y la UP, respectivamente, no están contemplados.