El Estado venezolano se sentó hoy en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para responder por siete presuntas ejecuciones extrajudiciales de miembros de una familia de apellido Barrios, supuestamente a manos de la policía de la región de Aragua.

Los jueces escucharon en audiencia pública el testimonio de Eloisa Barrios, hermana y tía de los siete hombres que han perdido la vida entre 1998 y este 2011, quien aseguró que la policía regional del estado venezolano central de Aragua mantiene una ola de agresiones en contra de sus familiares.

De acuerdo a la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas personas fueron asesinadas por denunciar las muertes de sus familiares y otros por ser testigos de esos crímenes.

Barrios aseguró a la CorteIDH, con sede en Costa Rica, que sus hermanos fueron arrestados y torturados, que las casas de sus hermanas han sido allanadas, e incluso que sus hijos han sido detenidos en varias ocasiones, pero "hasta ahora no hay ningún funcionario de la policía de Aragua detenido por estos casos".

La presunta víctima añadió que lo ocurrido a su familia les ha cambiado la vida a todos los miembros de la misma, y que ella vive con "temor" de que a su hijo Víctor "le pase lo mismo que a los demás".

La mujer afirmó que varios integrantes de la familia se han tenido que trasladar a otros estados venezolanos por las amenazas que recibieron y por temor a morir.

Barrios denunció además que en su comunidad hay "muchísimos casos de ejecuciones, pero las personas no se atreven a denunciar porque cuando sucede un asesinato los policías los amenazan, entonces se quedan callados".

"Yo les pido que se haga justicia y que no caigan más miembros de mi familia, y que esta audiencia no me traiga ningún problema cuando llegue a Venezuela", dijo Barrios a los jueces.

Los representantes del Estado, liderados por el agente Germán Saltrón, presentaron como testigo al fiscal Néstor Castellón, quien aseguró a la Corte que todos los casos de muertes en esta familia han sido investigados adecuadamente de acuerdo con la ley de ese país suramericano.

Entre los siete miembros de la familia asesinados a balazos en sus casas y la vía pública figuran cuatro hermanos y tres sobrinos de éstos.

Ellos son: Benito, Narciso, Luis Alberto, Rigoberto, Óscar y Juan José, todos de apellido Barrios, y Wilmer Flores Barrios.

Castellón subrayó que en las líneas de investigación oficial no hay "ningún indicativo que (las muertes) se trate de un ataque generalizado de parte de las fuerzas del orden público".

"No podemos aceptar la afirmación de que Venezuela procura el exterminio de una familia", afirmó el fiscal venezolano.

En la demanda de la CIDH, se plantea que los siete miembros de la familia Barrios habrían sido asesinadas por denunciar las muertes y otros por ser testigos de esos hechos.

Las ejecuciones, señaló la Comisión, "responden a un hilo conductor de amenazas y silenciamiento", y agregó que el Estado no ha dado una respuesta efectiva pues no se ha emitido ninguna medida para controlar el "abuso de poder" de la policía.

Un fallo de la CorteIDH por este caso podría estar listo este mismo año.