Los gobiernos federal y estatales aprobaron el jueves un plan nacional para combatir el secuestro, un delito que para las autoridades se mantiene como "un problema enorme" y es considerado uno de los que más impacta a la sociedad.

En un encuentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que reúne a los 32 gobiernos estatales y la administración federal, la procuradora general Marisela Morales informó que el plan incluye fortalecer unidades especiales antisecuestro, aumentar la presencia policial, poner a plagiarios en módulos especiales dentro de las prisiones y dar protección a las víctimas.

"Tenemos un problema enorme de secuestro", señaló el presidente Felipe Calderón en una reunión en la que pidió a los gobiernos estatales un mayor compromiso con los delitos del orden común, como el plagio, que dijo representan cerca del 90% del total de ilícitos cometidos al día.

Estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) divulgadas en el encuentro señalan que las denuncias de secuestro han ido a la alza en los últimos años: 438 en 2007, 907 en 2008, 1.163 en 2009 y 1.262 en 2010. Los datos, sin embargo, no refieren la cifra específica de plagios que habrían sido cometidos ni el número de víctimas que comprenden.

Ya en 2008 se lanzó un primer plan de combate a secuestros, que consideró por primera vez la creación de unidades policiales especialmente entrenadas para actuar en esos casos. Desde entonces se planteó la necesidad de colocar en lugares especiales de las prisiones a los secuestradores.

El SNSP señaló que 25 de los 32 estados del país (incluida la capital) existe un avance mayor al 90% en la evaluación de control de confianza del personal que integra las unidades especiales antisecuestro. En cinco estados el avance es de entre 50% y 90%; mientras que dos tienen un avance menor del 50%.

En el encuentro, la activista Isabel Miranda de Wallace lamentó que no exista información fidedigna sobre estadísticas del secuestro y criticó que varios estados no hayan avanzado en el combate a ese delito pese a su compromiso inicial de 2008.

El mandatario aprovechó el encuentro para hacerse eco de peticiones que le hicieron la semana pasada familiares de víctimas de la violencia del narcotráfico, entre ellos el poeta Javier Sicilia, para visibilizar a quienes han padecido los embates y no tratarlos sólo como un número en la estadísticas.

Dijo que las autoridades deben hacer el mayor esfuerzo "para poner nombre y apellido a quienes han fallecido a consecuencia de la violencia criminal".

Sicilia se puso a la cabeza de un movimiento ciudadano contra la violencia después de que su hijo fue asesinado en marzo presuntamente por narcotraficantes.

La violencia atribuida al crimen organizado ha dejado más de 35.000 muertos desde diciembre del 2006, cuando el gobierno federal lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.