El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, reiteró hoy que su Gobierno trabaja en un "servicio de formación civil", de carácter voluntario, para alejar a los jóvenes de las pandillas, y aclaró que no se trata de un servicio militar.

Al intervenir en un acto de graduación de nuevos policías, indicó que plantean una "alternativa civil" que aleje a unos 5.000 jóvenes "de las zonas de riesgo" y que "les abra las puertas a nuevas oportunidades en el marco de un respeto escrupuloso a los derechos humanos".

"No se trata de un servicio militar obligatorio ni mucho menos de un adiestramiento con armas para jóvenes, especialmente para aquellos jóvenes menores de 18 años", aseguró Funes, en referencia al Servicio Militar Obligatorio de Protección Civil que anunció el pasado 1 de junio, al cumplir su segundo año de gestión.

Señaló que "se trata de un programa de formación de jóvenes para tareas de prevención de riesgo y atención a la población en situación de alto riesgo", especialmente de aquella afectada por el impacto de fenómenos climáticos.

Anticipó que la inclusión de los jóvenes "será voluntaria, de acuerdo con la decisión de sus tutores".

El programa estará bajo la coordinación de las Secretarías de Asuntos Estratégicos y de Asuntos de Vulnerabilidad, así como del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y del Ministro de la Defensa.

Funes explicó el pasado 1 de junio que el proyecto del Servicio Militar Obligatorio de Protección Civil busca "integrar" para su protección a 5.000 jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas.

"Durante 6 meses recibirán orientación para su rehabilitación a través de adiestramiento militar sin armas y formación vocacional para generar un cambio de conducta y facilitar su inserción a la vida productiva del país", detalló entonces.

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en El Salvador, Gordon Jonathan Lewis, llamó hoy al Gobierno a que "garantice de que no se vulnere ningún derecho de adolescentes en el propuesto servicio de protección civil".

Pidió, además, que esté "totalmente en línea" con la Convención sobre la protección de los derechos del niño, la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia (Lepina) y demás tratados y convenciones de derechos humanos ratificados y vigentes en El Salvador.

Recientemente, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Óscar Luna, dijo que el servicio militar obligatorio "contraría" la Constitución y tratados internacionales, por lo que consideró que el Gobierno debe "reorientarlo con un enfoque civil".