Los abogados de la ex primera dama de Guatemala Sandra Torres preparan hoy el recurso legal por medio del cual apelarán el fallo emitido el miércoles por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que rechazó su inscripción como candidata a la Presidencia del país.

Edgar Debet, fiscal de la Gran Alianza Nacional (GANA), partido que junto a la oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) promueven la candidatura de Torres a la primera magistratura, dijo a los periodistas que "en las próximas horas" será presentado el recurso legal ante el pleno de magistrados del TSE.

"Se está trabajando en eso. El equipo de abogados se está encargando de preparar el recurso", el cual se presentará "hoy mismo" para revertir el fallo del Registro de Ciudadanos que denegó la inscripción a la ex primera dama, precisó Debet.

El director del Registro de Ciudadanos, Miguel Solís, quien suscribió la resolución que rechaza la inscripción de Torres, argumentó que "es improcedente" la inscripción de la ex primera dama como candidata a la Presidencia, debido a que existe una prohibición constitucional que lo impide.

Según Solís, a pesar de que Torres se divorció en abril pasado del presidente Álvaro Colom, la prohibición contenida en el artículo 186 de la Constitución le sigue afectando, debido a que incurrió en el delito de "fraude de ley" al separarse de su esposo para evadir el impedimento constitucional.

El divorcio, precisó el funcionario, "no enerva la prohibición taxativa y categórica" del artículo constitucional, que impide a los parientes del presidente en funciones del país a presentarse como candidatos a la primera magistratura.

El recurso que será presentado por los abogados de Torres tiene como objetivo que los magistrados del TSE "anulen" el fallo del Registro de Ciudadanos, y que se ordene su inmediata inscripción como candidata a la Presidencia para las elecciones del próximo 11 de septiembre.

En caso de no obtener una resolución favorable en el TSE, Torres podrá aún acudir a un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y en última instancia a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.