Organizaciones pro inmigrantes anunciaron el jueves que han demandado al alguacil de Los Angeles, Lee Baca, para obtener información que podría explicar el alto número de deportaciones registradas en esa jurisdicción.

Activistas dijeron en una conferencia de prensa, realizada a la entrada de la sede del alguacil que demandaron a Baca y a la agencia para la que él trabaja, el condado de Los Angeles, después de pedir los documentos durante unos dos años.

La demanda estatal de 45 páginas presentada el martes en una corte de Los Angeles pide la correspondencia entre el departamento y todos las agencias y programas de inmigración con las que trabaja, incluyendo Comunidades Seguras, 287G y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La información es importante pues revelaría cómo trabaja el alguacil con sus pares federales y ver si esto contribuye al alto índice de indocumentados deportados en el condado, explicó Mariaelena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional sobre Leyes de Inmigración, organización que aboga por los derechos civiles de inmigrantes pobres.

"Queremos entender claramente quienes son estas personas que están siendo deportadas, y cómo están siendo detenidas y deportadas", explicó la activista.

De agosto del 2009 a abril del presente se han deportado a más de 14.000 inmigrantes en el condado de Los Angeles a través del programa Comunidades Seguras, de acuerdo con cifras de ICE. De éstos, más del 75% fueron convictos. El resto fue clasificado como no-convictos.

Para ICE, la clasificación de "no convicto" significa que el inmigrante no fue hallado culpable de un delito, pero no quiere decir que el inmigrante no haya sido arrestado antes, ni que no haya reingresado al país ilegalmente o que no tenga orden de deportación.

A nivel nacional, entre octubre del 2008 a abril de 2011 se deportaron a más de 31.000 no convictos y más de 33.000 convictos de hasta dos delitos menores, de acuerdo con la agencia de inmigración. Esta suma contrasta con los más de 28.000 deportados que fueron condenados por delitos serios, como asesinatos y violaciones, o de dos o tres delitos graves.

A través de Comunidades Seguras, policías locales notifican electrónicamente al ICE cada vez que detienen a un inmigrante indocumentado. Una vez fichado, las huellas dactilares del arrestado son cotejadas con bases de datos de violaciones migratorias del Departamento de Seguridad Nacional y de antecedentes penales del FBI, entre otras.

Si se confirma que el arrestado es indocumentado, se inicia un proceso que eventualmente termina en deportación.

El departamento sostiene que la información pedida está bajo control de ICE, conforme el acuerdo que existe entre ambas agencias, y que "será hecha pública sólo de acuerdo a las aplicables cláusulas y regulaciones federales y ordenes ejecutivas".

"El acuerdo que tenemos dice que la información pertenece a ICE. Nosotros no tenemos problema en entregar la información pero ésta no nos pertenece. Le corresponde a ICE ver si es que la quiere hacer pública o no", sostuvo el portavoz del departamento del alguacil, Steven Whitmore.

"Ellos ha rehusado darnos información que es pública, que en teoría están obligados a darnos", dijo Hincapié. "El hecho que no nos la quiera dar, da que pensar si es que está escondiendo algo".

Para la activista, el argumento de que la información pertenece a ICE "es sólo una excusa para que el alguacil no cumpla con la ley".

"La corte tendrá que decidir si es que se nos tiene que dar la información o no", puntualizó.

La demanda, también presentada a nombre de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles y la Red Nacional de Jornaleros, ocurre más de un mes después de que Baca enojara a activistas pro inmigrantes al decir en un programa radial que los indocumentados básicamente no están sujetos a las mismas protecciones civiles que los estadounidenses.