El informe del 2010 sobre derechos humanos de las personas transgénero, lesbianas, gays y bisexuales en Perú criticó hoy "la incapacidad e ineficacia" del Estado peruano en la implementación de medidas para proteger a este grupo social.

El informe anual presentado por la Red Peruana TLGB y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) agregó que la falta de políticas públicas "produce un clima de vulnerabilidad para las personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en relación al reconocimiento de sus derechos humanos".

En tal sentido, el documento detalló que, por ejemplo, el Congreso peruano no ha debatido en el pleno el dictamen aprobatorio del proyecto de ley contra los crímenes de odio (motivados por homofobia, lesbofobia o transfobia), a pesar de que la violencia contra los homosexuales se mantiene similar al 2009.

De acuerdo a los casos recopilados por el informe, en 2010 hubo 18 asesinatos (uno menos que en 2009) en los cuales se atenta contra la seguridad de las personas debido a su orientación sexual e identidad de género.

La mayor cantidad de agresiones fueron dirigidas contra trangeneristas (12 casos), seguida por las lesbianas y por los gays, mientras que la policía peruana y los agentes del servicio municipal de Serenazgo son los principales agresores (9 casos), agregó la fuente.

"Aunque es loable que el ministerio de la Mujer haya aprobado el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer en el 2009, no se ha desarrollado ninguna acción ni estrategia con respecto al componente de orientación sexual en dicho plan", apuntó el informe.

Respecto a los problemas que existen para cambiar el nombre y el sexo en los documentos de identidad, el informe indicó que "el no reconocimiento del derecho a la identidad y la indocumentación conllevan a la vulneración de otros derechos fundamentales como el derecho al nombre, al trabajo, a la educación, el acceso a la justicia, entre otros".

Sobre las políticas sanitarias en Perú, el documento llamó la atención por el hecho de que la comunidad homosexual sólo haya sido vinculada a la estrategia sanitaria de prevención y control del VIH/ SIDA y las infecciones de transmisión sexual, dejando de lado sus necesidades de atención en salud mental, adicciones a drogas ilegales, ginecología y tratamiento hormonal.

Entre las demandas que exigen al próximo Parlamento figuran la aprobación de leyes que reconozcan las uniones civiles y el patrimonio compartido entre personas del mismo sexo, teniendo en cuenta el principio de igualdad que debe regir para todos los ciudadanos.

No obstante, la propuesta de legalizar las uniones homosexuales recibió el rechazo del 70 % de la población, en las encuestas de opinión realizadas en los últimos meses, así como el enojo de la Iglesia católica que remarcó que sólo hay un tipo de matrimonio y que tiene como finalidad la procreación.