El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, volvió hoy a exigir sanciones a los agentes que participaron en la rebelión policial del pasado 30 de septiembre, aunque abrió la posibilidad de "indulto" a quienes sean condenados por la justicia.

"Podemos hablar de indulto, de lo que quieran, pero nunca más la impunidad que tradicionalmente ha vivido Ecuador", expresó el mandatario a periodistas en el Palacio de Gobierno tras un encuentro con el presidente electo de Perú, Ollanta Humala.

Las declaraciones de Correa obedecen al fallo de condena que un tribunal de Quito emitió hoy contra seis policías acusados de atentar contra la seguridad del Estado, los primeros en ser sancionados por los sucesos del 30 de septiembre.

Correa, que considera al alzamiento policial como un intento de golpe de Estado, ha criticado la absolución en tribunales de varios imputados, entre ellos el coronel César Carrión, jefe del hospital policial donde el mandatario fue retenido durante buena parte de esa jornada.

El gobernante dijo que con la condena hoy contra el exjefe de la Escolta legislativa, Rolando Tapia, y otros cinco agentes de ese mismo cuerpo, se ha empezado a "hacer justicia".

No obstante, reiteró que "faltan también los demás involucrados en el 30 de septiembre. Aquí nadie actúa con base en el odio, nadie quiere meter preso a nadie, queremos que se establezcan responsabilidades y que se sepa la verdad", afirmó.

El Tribunal Segundo de Garantías Penales de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, emitió esta madrugada una sentencia de condena contra Tapia, Francisco Noboa, Patricio Simancas, Marco Tibán, Mario Flores y Carlos Tasinchana.

La defensa de los imputados ha anunciado que apelará las condenas y ha advertido de presuntas presiones políticas a los magistrados que fallaron en contra de sus clientes.

El tribunal deberá definir las penas contra los agentes, que estarán entre dos y ocho años de cárcel, dependiendo de su grado de responsabilidad en los hechos.

La Fiscalía acusó a los agentes de haber impedido el ingreso a la sede del Legislativo a varios asambleístas oficialistas, además de borrar los vídeos de las cámaras de seguridad y de agredir a congresistas.