El nuevo reglamento de la ley de extranjería entrará en vigor el jueves con una importante reforma que vincula el fenómeno migratorio a las necesidades del mercado laboral y endurece algunos criterios para la reagrupación familiar de los inmigrantes.

El texto apuntala las medidas de la nueva ley de extranjería, aprobada en 2009, que los colectivos de inmigrantes calificaron de injusta por recortar derechos fundamentales de las personas.

Medio centenar de organizaciones entre ONG, sindicatos, asociaciones y colectivos sociales agrupados en la Red por el Derecho a Tener Derechos suscribieron un manifiesto para expresar su "rechazo frontal" al reglamento, al considerar que generará "inseguridad jurídica" y provocará la "vulneración de derechos".

En España residen casi cinco millones de inmigrantes, el 12% de la población. Si la tasa de desempleo alcanza el 21,3% en todo el país, entre los extranjeros supera el 30%, según las últimas cifras el Instituto Nacional de Estadística.

La regulación, con más de 260 artículos, amplía de 40 a 60 días el plazo máximo de retención de inmigrantes irregulares en los llamados centros de internamiento para extranjeros.

Además, con el objetivo de frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

De hecho, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco años en España y no uno, como ocurría hasta ahora. Además, se apuesta por fomentar el retorno voluntario de los inmigrantes desempleados.

En el capítulo de ampliación de derechos, el reglamento permitirá regularizar a extranjeros indocumentados cuyos hijos hayan nacido en el país ibérico y accedan a la nacionalidad española.

La nueva figura, denominada "arraigo familiar", contempla conceder papeles a los padres de menores con nacionalidad española, "siempre que el niño esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización".

El reglamento especifica que las indocumentadas que padezcan maltrato en el ámbito familiar o sean víctimas de trata de blancas recibirán un permiso de residencia y trabajo temporal, que podrá convertirse en permanente previa solicitud.

Los hijos de las mujeres también podrán acceder automáticamente a este permiso.

El gobierno socialista planteó en 2009 la modificación de la ley para, dijo, ajustarla más a la realidad actual y adaptar la inmigración a las necesidades del mercado laboral, muy castigado en el país ibérico por la crisis económica.