Militares retirados denunciaron el martes al gobierno del presidente José Mujica por su decisión de anular por decreto medidas administrativas de anteriores gobiernos que evitaron enjuiciar a acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1985.

Los pronunciamientos de los coroneles retirados Guillermo Cedrez, presidente del Centro Militar, y José Araújo, vocero del Foro Concordia y Libertad, y del general retirado Ricardo Galarza, presidente del Círculo Militar, se conocieron un día después de que el gobierno anunció que eliminará por decreto decisiones del Poder Ejecutivo para permitir que los jueces determinen si pueden reabrirse los procesos archivados por la vigencia de la ley de amnistía.

En 1986 el Congreso aprobó la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado como contraparte de la amnistía de 1985 a los subversivos tupamaros y presos políticos. La norma fue refrendada en dos plebiscitos en 1989 y 2009.

En mayo el gobierno intentó en vano eliminarla en el Congreso.

El gobierno ha estimado que unos 80 casos están paralizados por decisión de los gobiernos que se sucedieron a partir de 1985 tras la recuperación de la democracia. El decreto, que se emitirá el jueves, permitiría reabrir esos procesos.

"El gobierno está sublevado, se convirtió en sedicioso. Esto amerita que se aumente el nivel de resistencia", dijo Araújo al diario El País.

El general Galarza dijo que la decisión oficial "demuestra un claro afán de revanchismo que lleva a reiterar una y otra vez por distintos caminos soluciones que violan la cosa juzgada".

Cedrez, basándose en opiniones de juristas, coincidió en que no se puede hacer "porque es cosa juzgada".

El jurista Augusto Durán Martínez sostuvo esa tesis en tanto el constitucionalista Rubén Correa Freitas consideró que el Poder Ejecutivo "no puede revocar actos administrativos que generaron derechos adquiridos".

En tanto, la fiscal Mirtha Guianze dijo que "sería deseable" que el Congreso apruebe una ley que elimine la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura. El 1 de noviembre prescribirán los delitos que se le imputan a los ex militares.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia derribó una tesis de Guianze que intentó que esos delitos fueran declarados de lesa humanidad para evitar su prescripción. El alto tribunal consideró que fueron delitos comunes y por tanto prescriptibles.

Una veintena de uniformados retirados y hasta el ex presidente elegido democráticamente y luego devenido en dictador Juan M. Bordaberry están procesados pese a la vigencia de la amnistía debido a que el gobierno del socialista Tabaré Vázquez (2005-2010) dispuso que la ley de caducidad no amparaba los delitos cometidos fuera del país.