Panamá reafirmó hoy su voluntad de reforzar el combate a la trata de personas y de cooperar internacionalmente en la erradicación de ese flagelo, en respuesta a un informe estadounidense que ubicó al país entre los que hace "esfuerzos significativos" pero aún debe mejorar en la materia.

"El Estado Panameño ha realizado grandes esfuerzos por sí mismo y con la ayuda económica y asistencia técnica de gobiernos amigos y de organismos internacionales para reforzar el combate a la trata (de personas) de manera integral", señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

El país centroamericano "ha demostrado su voluntad de cooperar con la comunidad internacional como parte de su responsabilidad compartida para combatir este flagelo en todas sus formas y contra la delincuencia organizada trasnacional", añadió el comunicado.

La Cancillería panameña reconoció que "hay mucho trabajo que hacer" en la materia, aunque también resaltó que se tiene pensado elevar la trata de personas a tema de "Estado" mediante un proyecto de ley presentado en abril pasado a la Asamblea Nacional por el viceministro panameño de Seguridad Pública, Alejandro Garuz.

En el proyecto se contempla elevar a entre 20 y 30 años las penas de cárcel para los que incurren en la trata de personas y otras conductas delictivas conexas, que actualmente se castigan con entre seis y 15 años de prisión.

El Departamento de Estado divulgó este mismo lunes su anual "Informe Sobre la Trata de Personas 2011", que evaluó a 184 países, incluido Estados Unidos, y denunció que alrededor de 27 millones de personas siguen viviendo en condiciones de esclavitud en todo el mundo.

El análisis colocó a Panamá, junto a Irak, Afganistán, Costa Rica y Ecuador entre los 16 países que realizan "esfuerzos significativos" para cumplir con las normas para erradicar la trata, pero tienen un "número absoluto de víctimas de las formas severas" de ese crimen que es "muy significativo" o que va en aumento, o no presentan "pruebas" de avances en esas lides.

Según el Gobierno de EE.UU., Venezuela, Cuba, Irán o Arabia Saudí figuran entre los países que no cumplen las nombras mínimas para combatir el tráfico de personas y "no hacen esfuerzos considerables" para cumplirlas.