Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña afirmaron hoy que esa instancia seguirá tomando sus decisiones con los votos de cuatro de sus cinco miembros, pese a que un polémico decreto legislativo les obliga a decidir por unanimidad.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Belarmino Jaime, y su colega, Floretín Meléndez, dijeron que no temen una eventual destitución del cargo o antejuicio por su conducta, al reiterar que el decreto legislativo que señala la unanimidad de las decisiones de esa instancia judicial es "inaplicable".

"Nosotros vamos a seguir pronunciando las sentencias que nos toque pronunciar", declaró Jaime en una entrevista con el canal 21 de la televisión local, en cuyos alrededores se apostó un grupo de ciudadanos en respaldo a ambos magistrados de la Sala Constitucional.

Advirtió sobre un "intento" de "amarrar a la Sala" con la aprobación, el pasado 2 de junio, de un decreto por parte de la Asamblea Legislativa que fijó la unanimidad en las decisiones de esa instancia y no el voto de cuatro de los cinco magistrados que la integran, como hasta ahora había sido.

"Sería muy difícil y con daños graves para el país si se exige unanimidad en una Sala de cinco cuando se tocan grandes intereses nacionales y no intereses particulares", explicó, por su parte, el magistrado Meléndez.

La Sala Constitucional aborda intereses relacionados con el poder económico del país, la dolarización, tratados de libre comercio, así como temas que hacen referencia a intereses de los partidos políticos, entre otros, destacó Meléndez.

El polémico decreto legislativo fue aprobado por los derechistas Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y sancionado por el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, el mismo 2 de junio, lo que le ha valido numerosas críticas.

Meléndez dijo además desconocer cuál fue el motivo por el cual Funes sancionó "de manera rápida" el decreto, que ha sido calificado por distintos sectores nacionales como un "golpe a la institucionalidad" y un intento de "romper el equilibrio de poderes" en el país.

Consultado sobre una eventual destitución o intento de juicio contra ellos por parte del Parlamento, Jaime aseguró que tienen "tanto trabajo" en la Sala que no piensan mucho en eso, aunque reconoció que esas son posibilidades que enfrentan.

"Nosotros estamos conscientes de que la Asamblea Legislativa en un determinado momento puede tomar ese tipo de decisiones, pero la Constitución dice (que puede ser) por causas previas legalmente establecidas. En este momento no vemos cuál puede ser esa causa", agregó.

El presidente de la CSJ aludió, además, al nuevo capítulo que se abrió esta semana en el choque de poderes por el decreto legislativo, después de que el director de la Imprenta Nacional, Luis López, se negara a publicar en el Diario Oficial una decisión que la Sala promulgó con el voto de los cuatro.

"Esperaría que quien le ordenó al director del Diario oficial que no publicara (la sentencia) que rectifique. Creo que cuando cometemos un error nuestra obligación es rectificar", dijo Jaime.

El magistrado calificó de "cosa inaudita" que la Imprenta se negara a publicar la decisión de la Sala, con el argumento de que no fue aprobada por unanimidad.

"Es la primera vez en la historia del país, por lo menos que yo tenga conocimiento, que sucede una cosa como esta", agregó.

Jaime llamó al Ejecutivo a "rectificar" esa situación para evitar que el Poder Judicial llegue "al extremo de tener que publicar" su decisión "en un periódico de circulación nacional".

En su tradicional mensaje dominical, la Iglesia Católica llamó ayer a los poderes del Estado a poner fin al "inédito" conflicto que mantienen desde hace varias semanas, y advirtió que esto "causa una crisis en la nación".