Los representantes del Estado dominicano solicitaron el miércoles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) rechace la demanda por la desaparición forzada de Narciso González debido a que habría sido presentada fuera de los periodos establecidos y sin que se agotaran los recursos internos.

El delegado estatal José Casado indicó que la Corte debía inhibirse de analizar el caso debido al principio jurídico conocido como "ratione temporis", ya que la aparente desaparición de González sucedió en 1994 y República Dominicana reconoció la competencia contenciosa del tribunal regional en 1999.

Además, alegó la falta de agotamiento de recursos internos.

"Treinticinco días después de la desaparición de González, los familiares y sus representantes acudieron a la Comisión Interamericana (CIDH) y la Comisión violó sus propios reglamentos porque resulta imposible que se hayan agotado los recursos internos en solo 35 días", apuntó.

"Por todo eso el Estado reitera su solicitud de que se rechace la demanda", puntualizó Casado durante la segunda parte de la audiencia pública que inició el martes con testimonios de allegados a González, un juez dominicano que estuvo a cargo del caso y un perito.

Las organizaciones que representan a la presunta víctima, Cejil y la Comisión de la Verdad, resaltaron que el Estado había renunciado a la presentación de excepciones, en tanto la CIDH recordó que el Estado no presentó esos alegatos en el proceso ante esa instancia.

La CIDH estuvo representada entre otros por su secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi-Mershed y la relatora de Libertad de Expresión, Catalina Botero, funcionarios que no suelen presentarse en las audiencias de la Corte.

"Desde el inicio se conocían los recursos internos pero en la etapa de admisibilidad (ante la CIDH) el Estado no indicó cuáles eran los recursos no agotados... en múltiples oportunidades la Comisión pidió al Estado ampliar y el Estado no respondió esos requerimientos", justificó la delegación de la Comisión.

La CIDH pidió a la Corte reiterar lo expresado en otros fallos donde se mantuvo que la desaparición forzada es un delito continuo y por eso se mantiene la responsabilidad internacional del Estado.

Durante el cierre de la sesión el presidente de la Corte, el juez peruano Diego García-Sayán pidió a la CIDH "una reflexión sobre el tema de la libertad de expresión... conectado al tema de desaparición forzada" al resaltar que ésta sería la primera vez que el tribunal trataría como "violación continua la afectación de la libertad de expresión".

La víctima publicaba periódicamente una columna en la que lanzaba críticas y era considerado como un "formador de opinión" en la sociedad dominicana.

Botero entonces detalló aspectos jurídicos de la relación de la desaparición forzada con la violación a la libertad de expresión.

"La razón por la cual Narciso es desaparecido es para que no hable y el efecto es que Narciso no puede volver a hablar y esa violación sigue presente... el móvil fue la libertad de expresión, el efecto, que no puede volver a hablar a pesar que las circunstancias están superadas", explicó Botero.

No obstante, Casado replicó reiterando que aunque ese fuera el móvil para la desaparición en 1994, ya para 1999 cuando el país reconoció la capacidad contenciosa de la Corte, las condiciones habían cambiado. Adelantó que el Estado ampliará el tema en sus alegatos escritos, que deben ser remitidos a la Corte a más tardar el 1 de agosto.

Otro tema que causó controversia fue la mención en varias ocasiones por parte de los representantes estatales de la teoría de un suicidio de González. El delegado Frank Soto incluso apuntó a los representantes de la presunta víctima por el aparente "ocultamiento" de datos, en referencia a una supuesta carta de González que hablaba de suicidio.

"La familia tenía... (la carta) en su poder y lo ocultaron, no lo dieron a las autoridades para que se investigara esa hipótesis y era una carta que mostraba un grave estado de depresión", destacó Soto.

La agente de Cejil, Ariela Peralta reaccionó recordando que la Corte rechazó previo a la audiencia la presentación de ese documento por lo que pidió a los jueces retirar la mención al mismo, a lo que juez García-Sayán le dio razón en que no se admitió el documento y adelantó que serán los jueces quienes analizarán si admiten la mención a la carta.

Al cierre de la audiencia los jueces no hicieron tanto preguntas, como comentarios. El juez argentino Leonardo Franco apuntó a que se debe "evitar que se contamine este caso con elementos que no tocan esencia jurídica del caso".

La Corte, que tiene su sede en la capital costarricense, inició el lunes un período de sesiones ordinarias que se extenderá hasta el 9 de julio con la presencia de seis de los siete jueces, pues el juez Alberto Pérez de Uruguay no pudo viajar por enfermedad.