Familiares y la defensa de las víctimas del primer caso conocido en Colombia como "falsos positivos", declararon hoy su "inconformismo" y "molestia" por el aplazamiento de la lectura del fallo contra ocho militares imputados por la muerte de dos civiles.

"Hay molestia porque fue a última hora", dijo a Efe desde Bucaramanga (nordeste), la abogada de las víctimas, Beatriz Sánchez.

Los ocho militares, entre ellos un coronel y un teniente de Ejército, fueron declarados culpables el pasado 3 de junio por un juez de Bucaramanga por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada, peculado por apropiación y falsedad ideológica.

La condena debía emitirse este martes pero debió ser aplazada ante el cambio de abogado de uno de los afectados y quien pidió tiempo para empaparse del proceso, según las fuentes.

La abogada Sánchez señaló que "el despacho del juez manifiesta que intentaron comunicar a la defensa y a las víctimas", pero no fue posible.

Añadió que "la petición (de aplazar la lectura de la sentencia) fue sobre el tiempo (...) y ello trajo inconformismo".

Desde el pasado el 3 de junio los ocho militares fueron declarados responsables y hoy se aguardaba la sentencia.

Sánchez confió a Efe en que "no se produzcan más aplazamientos de esa lectura".

Desde Soacha, localidad vecina a Bogotá, donde vivían las víctimas, viajaron a Bucaramaga unas 20 personas, entre ellas algunos niños, para asistir a la audiencia, y a estas se sumaron, en esa ciudad, integrantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos.

Por otra parte, en un acto simbólico frente al Palacio de Justicia, con todas las personas vestidas de blanco, y fotos de los hijos ejecutados, lanzaron globos y protestaron pacíficamente por el aplazamiento de la audiencia, informó a Efe una delegada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que acompañó a los familiares de las víctimas.

El juez aplazó para el 15 de julio la audiencia en la que se emitirá la condena.

Los ocho militares están implicados en la ejecución extrajudicial de Eduardo Garzón Páez y Daniel Andrés Pesca Olaya, quienes desaparecieron de Bogotá el 4 de marzo del 2008 y fueron exhibidos como presuntas bajas en combate en Cimitarra, en el departamento de Santander, cuya capital es Bucaramanga.

Entre los militares condenados figuran el coronel Wilson Javier Castro Pinto y el teniente Eduard Antonio Villani Realpe, así como un suboficial y cinco soldados.

Los militares fueron encontrados responsables de la muerte de Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, dos de los casi veinte jóvenes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, desaparecidos a comienzos de 2008.