El gobierno anunció el lunes que anulará por decreto los actos administrativos de anteriores gobiernos por los cuales se aplicó la ley de amnistía a militares de la dictadura que no pudieron ser sometidos a juicio por cargos de violaciones a los derechos humanos.

El secretario de la presidencia, Alberto Brescia formuló el anuncio en rueda de prensa tras una reunión de ministros con el presidente José Mujica y dijo que el decreto se aprobará el jueves.

El gobierno ha estimado que unos 80 casos están paralizados por decisión de los gobiernos que se sucedieron a partir de 1985 tras la recuperación de la democracia. El decreto permitiría reabrir esos procesos.

"Se trata de casos que habían sido incluidos por los poderes ejecutivos de los gobiernos anteriores, excepto el de Tabaré Vázquez (2005-2010), por entender que estaban dentro de la Ley de Caducidad y que por lo tanto fueron archivados por la justicia. Nosotros revocamos esos actos y comunicamos eso al Poder Judicial", dijo Brescia.

Agregó que "no ingresamos para nada en la competencia del Poder Judicial, que va a tener que disponer o no el desarchivo de esas causas si hay mérito o cosa juzgada".

La decisión del gobierno se conoce el mismo día en que en 1973 se produjo el golpe de Estado y el entonces presidente Juan M. Bordaberry dispuso la clausura del Congreso, prohibió las actividades políticas y censuró a la prensa.

En 1986 el Congreso aprobó la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado como contraparte de la amnistía de 1985 a los subversivos tupamaros y presos políticos. La norma fue refrendada en dos plebiscitos en 1989 y 2009.

En mayo el gobierno fracasó en su intento por eliminarla en el Congreso.