La organización Human Rights Watch (HRW) mostró hoy su satisfacción ante la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de ordenar la detención del líder libio Muamar el Gadafi, uno de sus hijos y un cuñado, acusados todos ellos de crímenes contra la humanidad.

La medida de los jueces de La Haya, que responde a una petición de la Fiscalía del tribunal, pone de manifiesto que "la justicia puede alcanzar a aquellos que se creyeron inmunes durante mucho tiempo", explicaron los responsables de HRW en un comunicado distribuido en Nueva York.

"Ordenar esas detenciones es un paso importante para compensar a las víctimas de los graves crímenes cometidos en Libia", señaló la organización, que aseguró que "no existe una conexión entre el rechazo de Gadafi a dejar el poder y el inicio de la investigación de la CPI en su contra".

El director del departamento de justicia internacional de HRW, Richar Dicker, señaló en el mismo comunicado que "Gadafi había dejado ya claro que pretendía quedarse en el poder hasta el agrio final antes de que se iniciara el proceso de la CPI y su hijo se comprometió en febrero a vivir y morir en Libia".

"El curso judicial del caso debe estar separado de las iniciativas militares y políticas en Libia, ya que sería un error vincularlas. Para ser creíble, la justicia debe correr su propio curso independiente", alertó asimismo Dicker.

HRW recordó que, desde que empezó el conflicto libio, ha documentado "arrestos arbitrarios y desapariciones de muchas personas, así como situaciones en las que las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra manifestantes pacíficos tras el inicio de las protestas contra el Gobierno el 15 de febrero".

La CPI pidió hoy la detención de Gadafi, de su segundo hijo, Saif el Islam, y de su cuñado Abdulá el Senusi, acusados de crímenes contra la humanidad por la Fiscalía del tribunal.

Los jueces consideraron que Gadafi, El Islam y El Senusi pueden tener una "responsabilidad penal" como presuntos "ejecutores indirectos" de los crímenes de asesinato y persecución supuestamente cometidos contra civiles libios desde el 15 de febrero de 2011 en varias ciudades del país magrebí.

La Fiscalía del tribunal emitirá "lo antes posible" la petición de colaboración a las autoridades libias para que se pueda ejecutar la orden de arresto, que se remitirá tanto al Ejecutivo de Trípoli como al Gobierno rebelde de Bengasi.