Los últimos jefes del Jemer Rojo se sientan mañana en el banquillo de los acusados del tribunal internacional que la ONU ha organizado en Camboya acusados de matar un cuarto de la población cuando gobernaron el país.

Están imputados de genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra, asesinato, tortura y persecución por razones religiosas y de raza contra la minoría musulmana cham, la población vietnamita y la comunidad de monjes.

Los acusados son el jefe de Estado del régimen del Jemer Rojo, Khieu Samphan; el ideólogo y número dos de la organización, Nuon Chea; el ministro de Exteriores, Ieng Sary; y su esposa y ministra de Asuntos Sociales, Ieng Thirith.

"Consideramos que son responsables de entre 1,7 y 2 millones de muertes, de las cuales aproximadamente 800.000 fueron violentas", indicó el juez camboyano You Bunleng, cuando concluyó la investigación de este caso, el número 2 que lleva el tribunal internacional y por ahora el último.

Los procesados, que tienen entre 79 y 85 años de edad, fundamentan su defensa en que desconocían los crímenes que se estaban cometiendo.

"Este caso es vital para la sociedad camboyana, pero estamos preocupados porque los acusados son muy mayores y alguno podría morir antes de recibir justicia. Esto sería una conmoción para Camboya", aseguró la presidenta de la Asociación de Víctimas del Jemer Rojo, Theary Seng.

La audiencia inicial de mañana tratará cuestiones legales, sobretodo si puede volver a ser juzgado Ieng Sary, teniendo en cuenta que un tribunal nacional le condenó a muerte en rebeldía por genocidio en 1979, pero luego recibió una amnistía real en 1996.

Se espera que los testimonios de los testigos y la presentación de pruebas comiencen en septiembre.

El tribunal internacional afronta el principal y más complejo caso contra la cúpula del Jemer Rojo sumido en una crisis por las divisiones internas acerca de la conveniencia de juzgar a más sospechosos.

La decisión en abril de los jueces You Bunleng y Siegfried Blunk de archivar el llamado caso 3, que estudiaba la posibilidad de imputar cargos a dos jemeres rojos más, desató las acusaciones de interferencia política del Gobierno local y los enfrentamientos internos de las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya (CECC), el nombre oficial del tribunal.

El fiscal británico Andrew Cayley pidió reabrir el expediente tras calificar de "deficiente" la instrucción llevada a cabo por ambos magistrados porque, según denunció, tras veinte meses obvió "medidas básicas" como entrevistas a los sospechosos o visitas a los escenarios donde ocurrieron varios de los crímenes denunciados.

"Sólo espero que los jueces de instrucción sigan la ley y cumplan con su deber al igual que yo", declaró a Efe el fiscal Cayley.

Al menos cinco personas que participaron en la investigación han dimitido en desacuerdo con la decisión de sus superiores.

Clair Duffy, de la ONG Open Society Justice Initiative, denunció que "ha habido presiones políticas específicas sobre los jueces de instrucción para que no continúen con las investigaciones de los casos 3 y 4".

"Ha habido además indicios de presión política sobre el caso 2 (que arranca mañana) en relación a los intentos de solicitar pruebas de la parte de altos funcionarios del gobierno camboyano", añadió la jurista.

Amnistía Internacional acusó al alemán Blunk y a su colega de situarse "incómodamente cerca de los deseos de los líderes políticos camboyanos".

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, ha asegurado reiteradamente que no permitirá la apertura de nuevos casos porque podría desatar una guerra civil, y que disolverá el tribunal tan pronto como termine el juicio que arranca mañana.

Este mes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, emitió un comunicado en el que rechazó "categóricamente" las "especulaciones mediáticas" sobre que Naciones Unidas hubiera presionado para cerrar el caso 3.

El tribunal internacional emitió su primera condena en julio de 2010 y fue de 35 años de cárcel a Kaing Guek Eav, alias Duch, quien dirigió el centro de detención y torturas del S-21 en el que unas 16.000 personas murieron, en la misma cárcel o en los campos de exterminio de Choeung Ek, a las afueras de Phnom Penh.

El jefe del Jemer Rojo, Pol Pot, murió en la selva camboyana en 1998, prisionero de sus propios correligionarios.

Laura Villadiego