La Unión Europea iniciará esta semana la andadura para fijar las prioridades del gasto europeo hasta 2020, en un proceso que se anuncia largo y plagado de dificultades por la división entre los países que quieren reducir su contribución al presupuesto europeo y los que desean seguir beneficiándose de él.

La Comisión Europea publicará esta semana su propuesta legislativa, que deberá servir de base para que el Consejo -órgano donde están representados los estados miembros- llegue a un acuerdo, en un proceso que probablemente superará los 18 meses.

El primer obstáculo llegará el miércoles, cuando el Ejecutivo comunitario se reunirá en pleno para consensuar el borrador que será presentado a los estados miembros.

La reunión del colegio de comisarios empezará por la mañana y durará previsiblemente hasta el final del día, aunque se ha reservado parte de la mañana del jueves ante la previsión de que no alcancen un acuerdo sobre el texto a lo largo del día anterior.

Se trata de "la decisión más importante de esta legislatura", según asegura una fuente cercana a las negociaciones, quien recuerda que las perspectivas plurianuales determinan el gasto europeo en áreas que afectan directamente a los ciudadanos europeos, como la política agraria o los fondos estructurales.

El Ejecutivo comunitario liderado por José Manuel Barroso coincide en que será necesario priorizar las políticas relacionadas con la estimulación del crecimiento económico y el empleo en las próximas perspectivas plurianuales, que seguramente abarcarán hasta el año 2020.

Uno de los puntos más complicados de la reunión del miércoles está relacionado con la intención de Bruselas de proponer una fuente de ingresos puramente comunitaria para reducir la dependencia de las contribuciones de los estados miembros, especialmente en tiempos de consolidación fiscal y crisis.

Al parecer, los comisarios están de acuerdo en la necesidad de buscar una fuente de ingresos propia, pero discrepan sobre la modalidad de la misma, que debería ser neutral y no penalizar a unos países sobre otros.

La Eurocámara, por su parte, ha intentado colarse en las negociaciones, aunque la legislación europea no le otorga gran poder de decisión en esta materia.

En este sentido, los eurodiputados han votado a favor de aumentar en un 5 % el presupuesto plurianual, sin recortes del gasto agrícola que harían inviables los retos propuestos, como la mejor protección del medio ambiente desde el desarrollo rural.

En todo caso y a diferencia de la negociación de los presupuestos anuales, donde el choque se situó entre el Parlamento y los estados miembros, las dificultades se presentarán en este caso del lado de los estados miembros.

Ocho países europeos ya han expresado su oposición a la expansión del gasto en una carta enviada a la Comisión Europea en la que piden que reduzca sustancialmente la partida destinada a salarios y pensiones de su personal.

Los ocho países (Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Reino Unido y Suecia) son algunos de los que más contribuyen al presupuesto comunitario, por lo que su posición no es de extrañar.

Por su parte, el Gobierno español ya anunció en febrero pasado que prepara una estrategia para intentar captar la máxima cantidad de fondos europeos posible, en previsión de que España dejará de ser receptora neta para convertirse en contribuyente en el próximo periodo.

Asimismo, representantes de varias comunidades autónomas, como Extremadura, Canarias o Andalucía, han viajado a Bruselas recientemente para pedir continuar beneficiándose de los fondos regionales en el periodo 2014-2020.

España fue la segunda beneficiaria de los fondos estructurales de la Unión Europea en el periodo 2007-2013, al tener asignados 35.217 millones de euros, sólo superados por los 67.284 millones previstos para Polonia.