Organizaciones sociales dominicanas calificaron hoy de "discriminatoria" y "violadora" de los derechos humanos una iniciativa parlamentaria que busca crear zonas de tolerancia para el ejercicio de la prostitución en el país.

El Centro de Orientación e Investigación Integral (Coin) y el Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) afirmaron en rueda de prensa que el proyecto de ley es, además, inconstitucional y dirigido a penalizar una actividad generada, aseguraron, por la pobreza y la desigualdad.

El director del Coin, Santo Rosario, destacó que un estudio realizado por esa entidad en Santo Domingo y otras cuatro provincias dominicanas, arrojó que más de 20.000 mujeres de 15 a 25 años realizan el trabajo sexual expuestas, la mayoría, al uso de droga, alcohol, contagio de infecciones de transmisión sexual, violencia y ruido.

La investigación determinó, asimismo, que aproximadamente el 5 % de las trabajadoras sexuales de esas demarcaciones presenta una prevalencia del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) y 11 % de sífilis.

"Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad a que rechacen este proyecto por discriminatorio, inconstitucional y violador de los derechos humanos y de la libertad de tránsito", afirmó Rosario.

En similares términos se expresó la ejecutiva de Modemu, Jacqueline Montero, quien afirmó que el Congreso Nacional (bicameral) no puede olvidar que las trabajadoras sexuales son víctimas de la pobreza extrema, la desigualdad y la violencia.

El proyecto de ley que busca crear las "zonas rosas" en República Dominicana fue introducido a la Cámara de Diputados la semana pasada y asegura que su propósito es frenar el auge de ese flagelo en lugares cercanos a monumentos culturales e históricos del país caribeño.

La iniciativa de la diputada Esther Mirelys Minyety, del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), compromete a las instituciones estatales a establecer políticas que propicien la reinserción en el plano laboral, social y familiar de las mujeres que se dedican a la prostitución en el país.

El proyecto contempla el establecimiento de controles en calles aledañas que tienen carácter histórico cultural, donde a diario mujeres y transexuales se ofrecen a transeúntes y automovilistas.

Asimismo, plantea dotar a las trabajadoras sexuales de tarjetas expedidas por las autoridades sanitarias que indique su estado de salud.