Los países del G20 acordaron hoy un concreto y ambicioso plan de acción contra la volatilidad de los precios de los productos agrícolas, en el que se subrayó la necesidad de aumentar la producción y la cooperación y transparencia en el mercado.

Las 56 medidas cerradas se centran también en el refuerzo y el desarrollo de instrumentos de gestión de riesgos para los gobiernos, las empresas privadas y los agricultores, así como en la mejora del funcionamiento de los mercados de materias primas.

El ministro de Agricultura de Francia, Bruno Le Maire, cuyo país ostenta la presidencia de turno del G20, fue el encargado de presentar en conferencia de prensa el acuerdo, calificado de histórico y que va acompañado de un programa de seguimiento para garantizar su cumplimiento.

No se precisó la cifra necesaria de aumento de la producción, pero el documento recuerda que para alimentar a una población que se espera que para 2050 supere los 9.000 millones de personas, se calcula que la producción agrícola debería elevarse un 70 por ciento en el mismo periodo, porcentaje que en el caso de los países en desarrollo llega al 100 por cien.

Para Le Maire, se trata de un plan que lanza un mensaje de optimismo y sienta las bases de "una nueva agricultura", solidaria, sostenible y con los mercados regulados.

Entre los puntos más alabados, la decisión de crear una base de datos internacional sobre la producción, el consumo y la reserva de materias primas, llamada AMIS, que tendrá su sede en la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y que mantendrá su primera reunión el próximo septiembre.

Con ella, en caso de que llegue a ser utilizada con todo su potencial, se espera que se mitigue dicha volatilidad y que se reduzca la emisión de señales que distorsionan la situación real del mercado al promover una mayor entendimiento de la producción y de la información sobre los precios.

Las naciones del G20 destacaron también que la apertura y el buen funcionamiento de los mercados es fundamental para permitir mayores inversiones en el sector y mostraron su oposición al establecimiento de barreras a la exportación.

En concreto, hicieron hincapié en que las barreras que restringen la exportación de ayuda humanitaria afecta "a los más necesitados" y acordaron la eliminación de ese tipo de prohibiciones para los alimentos dirigidos con fines humanitarios.

Para reducir los efectos de la volatilidad de los precios en la población más vulnerable, se instó a bancos de desarrollo y agencias a establecer un mecanismo de gestión de riesgos para coordinarse en situaciones de crisis y promover el intercambio de información en el menor tiempo posible.

Y en cuanto a la regulación financiera, uno de los puntos más conflictivos del borrador con el que se trabajaba, se reconoció que la transparencia y la regulación adecuada de los mercados financieros agrícolas es clave para el buen funcionamiento de los mercados físicos.

Por ello, se instó a los ministros de Finanzas del G20 y a los gobernadores de los bancos centrales a tomar las decisiones adecuadas para la supervisión y regulación de los mismos, y los países se comprometieron a controlar e informar regularmente sobre los progresos logrados en este y los demás puntos del plan.

Para el secretario estadounidense de Agricultura, Tom Vilsack, se trata de un programa "histórico" alcanzado por consenso que, aunque solo sea tan bueno como las acciones que se emprendan para afrontar los desafíos de la seguridad alimentaria, refleja una cooperación que supone un "logro significativo" para los cerca de 1.000 millones de personas que luchan cada día contra el hambre.