El presidente Felipe Calderón propuso el miércoles al Congreso una reforma legal para otorgar una pensión vitalicia a las viudas y viudos de militares que hayan caído en acción, como una forma de reconocer a las fuerzas armadas que se han convertido en un pilar clave del combate al narcotráfico en los últimos años.

En la iniciativa de modificaciones a la ley de seguridad social de las fuerzas armadas, el Ejecutivo propuso que la pensión vitalicia no sea menor a 10.000 pesos mensuales (unos 844 dólares al tipo de cambio actual).

En la argumentación de la reforma, el mandatario señaló que la pensión vitalicia está pensada "como un reconocimiento al valor, entrega y amor a México, mostrado por el personal militar que ha fallecido en actos de servicio".

Hasta ahora, la norma señala que los familiares de un militar fallecido en acción tienen derecho a una pensión, pero no especifica su duración ni un monto mínimo para las viudas o viudos como ahora.

Otra de las propuestas es que las viudas y viudos reciban un crédito hipotecario sin importar los años de servicio del militar que haya fallecido o quedado incapacitado.

Además, el mandatario consideró necesario ajustar la norma para ampliar los beneficios a más militares que entren en situación de retiro.

En 2008 el gobierno aumentó en entre 60% y 90% la pensión para los militares en retiro con 30 o más años de servicio.

En esa reforma, sin embargo, no contempló al personal con entre 20 y 29 años de servicio, por lo que ahora se propone que a ellos se les incremente la pensión en entre 50% y 59%.

Desde que asumió el poder en diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón ha promovido diversos beneficios para los militares, incluidos aumentos salariales, para reconocer su contribución en el combate a la delincuencia organizada.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó a principios de junio que en lo que va del gobierno han muerto 249 militares en operaciones contra el crimen organizado.

Del total de militares fallecidos, 101 murieron en agresiones y el resto en situaciones como accidentes automovilísticos, aéreos u otros incidentes no descritos, pero todos relacionados con operaciones contra el narcotráfico, según el reporte.

Unos 45.000 militares han sido desplegados en varias zonas del país para enfrentar al crimen organizado y mientras esa estrategia ha sido elogiada por varios otros lo han criticado, sobre todo porque no se ha traducido en la reducción de los índices de violencia y porque algunos soldados han sido señalados de cometer abusos a los derechos humanos.

Organismos como las Naciones Unidas han dicho que el uso del ejército en labores contra el crimen debe hacerse sólo en el corto plazo y que debe vigilarse que no incurra en violaciones a derechos humanos.

El gobierno ha insistido que la participación de las fuerzas armadas se mantendrá mientras se fortalece la capacidad de las policías.