La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Venezuela que garantice la protección de los familiares que permanecen en las inmediaciones de las cárceles Rodeo I y II que sufrieron un intento de motín.

El Foro Penal Venezolano (FPV) pidió a la CIDH el pasado 18 de junio que exigiera al Gobierno venezolano medidas de protección para los reclusos de la cárcel de El Rodeo I y II y sus familiares.

Desde que unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GBB, policía militarizada) iniciaron hacia el amanecer del pasado viernes un operativo para desarmar a los reclusos de la prisión de El Rodeo I y su vecina Rodeo II, dos militares y un preso fallecieron y otros 22 soldados resultaron heridos.

Según la información recibida por la CIDH, hubo detonaciones en el interior de las cárceles y las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los familiares que se acercaron a los alrededores de las instalaciones penitenciarias.

La operación de desarme fue ordenada después de que en los días previos murieran 22 personas y 14 resultaran heridas en El Rodeo I, como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas que se disputaban el control del penal.

La CIDH, que ha alertado en numerosos informes sobre la situación de las cárceles venezolanas, ya había emitido medidas cautelares para los presos y ahora las extiende también a los familiares.