El empresario y dirigente opositor boliviano Samuel Doria Medina viajó hoy a la ciudad estadounidense de Houston donde se reunirá con sus socios mexicanos del Grupo Chihuahua, afectado por la expropiación de sus acciones en una cementera en Bolivia, informó hoy una fuente cercana al político.

Doria Medina logró viajar tras obtener un permiso judicial para salir de Bolivia, lo cual tiene prohibido debido a una acusación sobre un supuesto daño económico al Estado, y volverá al país el día 30, indicó la fuente consultada por Efe.

El también líder del partido centrista Unidad Nacional (UN) ha sido denunciado por el Gobierno de Evo Morales de dañar los intereses del Estado al comprar en 1999 acciones de la empresa de cemento Fancesa, que entonces fue privatizada parcialmente.

Hace pocos días, Doria Medina explicó que la jueza Ximena Mendízabal autorizó su viaje al exterior para reunirse con sus socios mexicanos porque ellos están preocupados por el retraso en la conciliación para indemnizarles por la expropiación de sus acciones en Fancesa por parte de Morales.

Doria Medina, quien fue rival del mandatario nacionalista en los comicios presidenciales de 2009 y quien aparece en las encuestas como contrincante con posibilidades para las próximas elecciones, es socio del Grupo Chihuahua en Soboce, empresa que tenía el 33 % de Fancesa, que el mandatario expropió en 2010.

Por sus acciones, el grupo mexicano espera recibir 93 millones de dólares, pero el Gobierno anunció que la indemnización se definirá cuando concluya el juicio de Doria Medina, pese a que el plazo para la conciliación expiró en febrero pasado.

Doria Medina también aseguró hace pocos días que volverá a Bolivia a fines de junio, una vez concluidas sus reuniones con sus socios mexicanos.

Según la prensa boliviana, al menos cien políticos de oposición han huido de Bolivia desde que Morales llegó al poder en 2006, a raíz de demandas y juicios promovidos por el oficialismo.

La oposición asegura que el presidente controla todos los poderes del Estado y que los acusados por el oficialismo no podrán tener procesos justos.