Argentina promulgó una ley contra el lavado de dinero cuyos detalles expondrá hoy su ministro de Justicia, Julio Alak, en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en México, que exigía al país suramericano la puesta en marcha de esa normativa.

La normativa fue promulgada mediante un decreto de la presidenta argentina, Cristina Fernández, que vetó el artículo que impedía que el organismo investigador Unidad de Información Financiera (UIF) se constituyera como parte querellante en procesos penales, informaron fuentes oficiales.

El decreto presidencial considera "necesario" que la entidad "se encuentre facultada para intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investiguen" casos de lavado de dinero, en el marco de los "compromisos internacionales" de Argentina.

Recuerda que por medio de un decreto de 2008 el Estado argentino asumió el papel de querellante a fin de impulsar investigaciones en curso "no sólo para perseguir a los responsables de delitos, sino también para promover el decomiso de activos ilegalmente obtenidos".

De este modo el Gobierno de Fernández rompió el acuerdo con la oposición que permitió que la ley fuera sancionada por el Senado a comienzos de mes con el artículo que impedía a la UIF actuar como querellante en causas judiciales.

La oposición sostenía que solamente la Fiscalía puede llevar adelante una causa por lavado de dinero al considerar que la UIF no debía tener el doble papel de investigador y querellante.

Actualmente, el organismo investigador actúa como querellante en cinco procesos por lavado de activos y por requerimiento de la Justicia colabora además en más de 70 causas penales relativas a ese delito, indicó.

La nueva ley, promulgada el martes, incluye en el Código Penal de Argentina la tipificación del lavado de dinero y delitos conexos, fija mecanismos para el decomiso de bienes de procedencia ilícita y prevé severas sanciones a empresas que incurran en maniobras de reciclado de fondos o financiación del terrorismo.

Determinó que el lavado de dinero consiste en "convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal" que involucren a una suma superior a los 300.000 pesos (unos 72.800 dólares) "en un solo acto o por la suma de hechos reiterados".

Asimismo, estableció castigos que van de tres a diez años de prisión y multa de dos a diez veces del monto de la operación a quien incurra en el delito de lavado de dinero.

El ministro de Justicia argentino expondrá hoy las directrices de esta nueva normativa en el Plenario del GAFI reunido en México, cuya agenda incluye el análisis de la situación en el país suramericano.

El GAFI, un organismo creado por las grandes potencias para combatir maniobras con dinero obtenido de ilícitos, reclama desde hace años que Argentina aplique leyes más estrictas contra ese tipo de delito.

Alak encabeza una delegación que incluye al director del organismo contra el lavado de dinero, José Sbatella, y autoridades de la Comisión Nacional de Valores, entidad de control del mercado de capitales, y del Banco Central argentino.